Europa quiere que la industria sea el corazón de su economía: esa máquina que, con cada latido, impulse la generación de empleos, acelere la innovación y estimule la competitividad. Alcanzar ese objetivo exige revertir una tendencia que se prolonga desde hace años. El sector manufacturero europeo soporta unos costes energéticos elevados y una competencia internacional creciente, mientras afronta fuertes necesidades de inversión para descarbonizar sus procesos e incorporar nuevas tecnologías.
A ello se suman la menor escala de muchas empresas y las dependencias que persisten en algunas cadenas de suministro. Estas debilidades han ido erosionando el peso de la industria europea frente a competidores como China y Estados Unidos. Actualmente, el sector representa el 14,3% del producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea, frente al 17,4% de comienzos de siglo.
Dicha pérdida de terreno tiene implicaciones que van más allá de la producción industrial, porque afecta a la capacidad europea para atraer recursos frescos a la economía, desarrollar tecnología y preservar determinadas actividades productivas dentro de sus fronteras. La Comisión Europea quiere frenar este deterioro con la Ley de Aceleración Industrial —Industrial Accelerator Act (IAA, por sus siglas en inglés)—, una de las iniciativas vinculadas al Clean Industrial Deal, la hoja de ruta europea para reforzar la competitividad del sector.
La propuesta, lanzada en marzo de 2026, recoge parte del diagnóstico planteado por el informe Draghi y busca trasladarlo al terreno industrial con cuatro objetivos concretos:
Con ello se pretende revertir la pérdida de peso del sector y catapultarlo hasta el 20% del PIB en 2035. “La Industrial Accelerator Act representa un paso decisivo para reforzar la competitividad europea y garantizar su sostenibilidad a largo plazo”, afirma Arantxa Tapia, senior Advisor de KPMG en España.
España tiene mucho que jugarse en la nueva política industrial europea. La industria representa el 15,4% del PIB nacional —según los últimos datos publicados por Eurostat— y varias de las actividades directamente afectadas por la IAA tienen una presencia importante en el país, desde el acero, el aluminio y el cemento hasta la automoción y las tecnologías vinculadas a las energías renovables.
La propuesta pide una mutación y abre la puerta hacia nuevos horizontes en un sector que da empleo a más de 35 millones de personas en la UE. Aunque aprovechar este viraje exigirá resolver algunos problemas que afectan de forma muy distinta a cada subsector. “Esta transformación no solo contribuirá a alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea, sino que también favorecerá la creación de nuevas capacidades productivas y oportunidades de inversión”, resalta Arantxa Tapia.
La propuesta combina la agilización de permisos, la creación de mercados líderes, nuevas condiciones para la inversión extranjera directa y medidas de aceleración industrial.
La apuesta de la IAA por favorecer los productos fabricados en la UE tendrá efectos directos sobre actividades clave en la economía. La propuesta introduce criterios para favorecer materiales con una menor huella de carbono y fabricados en Europa (Made in Europe) cuando interviene dinero público.
A partir de 2029, al menos el 25% del acero y el aluminio utilizados en determinados proyectos públicos o financiados con fondos públicos deberá ser bajo en carbono. En el caso del hormigón y el cemento, el porcentaje mínimo será del 5%. A estos requisitos ambientales se añade un criterio de origen europeo (Made in Europe) en las licitaciones públicas y en la concesión de determinadas ayudas estatales. Con ello se busca favorecer el uso de materiales y productos fabricados en la región.
“Bruselas quiere aprovechar su capacidad de compra y financiación para reforzar a este sector”, comenta Francisco Moreno, socio de Auditoría, responsable de Sector Público y socio encargado de la Comisión Europea de KPMG en España. Pero para las compañías relacionadas con estas actividades estos requisitos significarán un esfuerzo adicional. “Las empresas siderúrgicas (acero y aluminio) deberán abordar inversiones relevantes para descarbonizar sus procesos productivos”, añade Arantxa Tapia.
Sin embargo, las empresas pueden beneficiarse de una de sus ventajas competitivas. “En la situación actual, la principal ventaja que puede tener España es su acceso a energías renovables a precios competitivos”, recalca la experta.
La transición hacia un modelo industrial más limpio y menos dependiente de los combustibles fósiles abre, además, importantes oportunidades de desarrollo económico e industrial, resalta Arantxa Tapia. “Sectores como el reciclaje avanzado, la fabricación sostenible, las tecnologías limpias y las distintas soluciones de generación energética libre de emisiones están llamados a desempeñar un papel fundamental en la configuración del nuevo tejido industrial europeo”, agrega la senior Advisor de KPMG en España.
La preferencia por la producción europea alcanza también a la automoción. La IAA contempla exigir un 70% de componentes europeos en los vehículos eléctricos nuevos (calculado sobre el valor de los componentes y excluida la batería) para poder hacerse con la etiqueta Made in Europe, que será indispensable para aquellos fabricantes que quieran acceder a ayudas públicas.
Para España —segundo productor europeo de vehículos después de Alemania—, la medida abre oportunidades para su industria de componentes y obliga a adaptarse a la transformación de la industria, así como a la llegada de nuevos fabricantes asiáticos. “Es una oportunidad para continuar trabajando en la cadena de suministro de los nuevos vehículos que se fabrican en Europa”, recalca Arantxa Tapia.
El porcentaje de exigencia en el valor de los componentes aplicaría a vehículos eléctricos, los híbridos enchufables y los modelos de pila de combustible. “El sector se juega su supervivencia a futuro”, remarca Arantxa Tapia. A medida que los fabricantes chinos aumentan su producción en Europa, también decidirán quién les suministra las piezas y componentes que necesitan. Sus empresas tendrán que ser capaces de entrar en las cadenas de suministro de estos fabricantes, adaptarse a sus requisitos y cumplir con la regulación comunitaria.
Quedarse fuera de este juego podría traducirse en una fuerte pérdida de actividad para una parte del sector. “El resultado puede ser un cambio significativo en las reglas de competencia: dónde se produce, con qué materiales, con qué huella de carbono y cuánto valor se genera en Europa pueden convertirse en factores de acceso al mercado y a la financiación pública”, agrega Carmen Mulet, socia responsable del área de Regulatorio, Administrativo y Competencia de KPMG en España.
Europa es consciente de que los incentivos a la inversión pierden eficacia si los proyectos industriales no pueden ejecutarse con suficiente rapidez. Por ello, otra de las piezas centrales de la IAA es la simplificación de los procedimientos de autorización aplicables a proyectos de fabricación industrial, incluidos los destinados a la descarbonización de industrias intensivas en energía y los vinculados a tecnologías net-zero.
La propuesta contempla ventanillas digitales únicas, revisión de la completitud de las solicitudes en 45 días y mecanismos de aceleración administrativa, entre otras medidas. También prevé la designación por los Estados miembros de, al menos, una zona para la aceleración de la fabricación industrial (Acceleration Areas).
La agilización de los permisos que plantea la IAA añade otro elemento a la competencia por captar proyectos industriales. Una empresa que estudia distintas localizaciones necesita energía, suelo, conexiones y profesionales especializados. El país presenta situaciones muy diferentes según el territorio.
“España tiene varios corredores con estas características: el eje mediterráneo, el valle del Ebro, la cornisa cantábrica y Galicia, además de determinados polos del interior asociados a nuevas capacidades renovables. Pero disponer de energía o suelo ya no será suficiente. La auténtica ventaja competitiva estará en ofrecer al inversor una solución integral y ejecutable», explica Ignacio Crespo, socio de Sectors Business Consulting KPMG en España.
Los plazos administrativos pueden pesar así en la elección entre distintas regiones. La IAA puede alterar la geografía industrial española porque introduce un factor que hasta ahora no siempre tenía suficiente peso: la velocidad para transformar una oportunidad de inversión en una planta operativa.
“Una mayor eficiencia regulatoria permitirá impulsar tanto la modernización de las instalaciones existentes como el desarrollo de nuevos proyectos industriales innovadores, favoreciendo una puesta en mercado más ágil de tecnologías y productos de alto valor añadido”, destaca Arantxa Tapia.
La propuesta de la Comisión también plantea la creación de áreas de aceleración industrial, zonas que pretenden facilitar el desarrollo de proyectos vinculados a tecnologías bajas en carbono y pueden favorecer a aquellos sitios que consigan reunir las condiciones que demanda una nueva instalación.
Las regiones con una base manufacturera asentada parten con cierta ventaja. Los grandes proyectos buscan ecosistemas, no únicamente localizaciones. “Ahí donde ya existen proveedores, talento, infraestructuras y cultura industrial, la inversión tiene menos riesgo de ejecución”, explica Crespo.
No obstante, los territorios con menor peso industrial pueden competir apoyándose en la energía renovable, el suelo disponible, la logística y una mayor agilidad administrativa para desarrollar nuevas especializaciones. “La IAA puede contribuir a cierta redistribución, a abrir la puerta, pero serán las políticas industriales regionales las que determinen quién consigue que la inversión la escoja”, señala Crespo.
España tiene una oportunidad relevante porque parte de una base industrial importante en varios de los sectores a los que se dirige la propuesta. “La cuestión será cuánto de la inversión que Europa quiere movilizar acaba materializándose en nuevas plantas, ampliaciones de capacidad y actividad industrial en nuestro país”, sostiene Francisco Moreno, socio de Auditoría, responsable de Sector Público y socio encargado de la Comisión Europea de KPMG en España.
La inversión extranjera en Europa tendrá nuevas condiciones con la IAA. La propuesta contempla medidas aplicables a determinadas inversiones manufactureras extranjeras superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos cuando el país de origen concentre más del 40% de la capacidad mundial del sector.
La lógica va más allá del control tradicional de inversiones. El debate se desplaza hacia qué aporta el proyecto industrial a Europa. Empleo, I+D, participación europea, propiedad intelectual, licencias tecnológicas o aprovisionamiento local pueden adquirir mayor relevancia en la estructuración regulatoria y financiera de determinadas inversiones.
El Parlamento Europeo plantea reducir el umbral a 50 millones de euros y reforzar algunas de estas condiciones, mientras el Consejo mantiene por el momento una aproximación más selectiva.
“Para los inversores internacionales, esto puede introducir una variable adicional en la comparación entre localizaciones: no solo cuánto cuesta invertir en Europa, sino qué estructura industrial permite maximizar la elegibilidad, el acceso a incentivos y la aceptación regulatoria del proyecto”, añade Carmen Mullet.
La IAA aún es una propuesta cuya discusión está viva. En el Parlamento Europeo, las comisiones competentes estudian la propuesta y trabajan sobre posibles modificaciones. Al mismo tiempo, los Estados miembros negocian su posición en el Consejo.
Ninguna de las dos instituciones ha cerrado todavía su postura definitiva, por lo que aún no existe un texto final acordado. Pero los expertos de KPMG recomiendan a las empresas industriales prepararse ante cualquier escenario. Para ello, plantean algunas preguntas que podrían hacerse:
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