La llegada del euro digital, ¿un pacto con la disrupción?
El proyecto para la creación del euro digital continúa avanzando y podría convertirse en una realidad en 2025.
21 febrero, 2024
10 min
Europa busca reforzar su autonomía en los sistemas de pago. En la actualidad, una parte significativa de las transacciones digitales depende de redes internacionales, especialmente en el ámbito de las tarjetas, y 13 de los 20 países del euro utilizan esquemas de origen extranjero, según el Banco Central Europeo (BCE). Esa dependencia ha llevado a las instituciones comunitarias a impulsar infraestructuras propias que refuercen el control sobre un ámbito clave del sistema financiero.
El euro digital, concebido como dinero del banco central en formato electrónico, forma parte de esa estrategia. “No es solo una réplica del efectivo en el entorno digital. Aspira a convertirse en una infraestructura de pagos común para todos los países de la zona Euro”, afirma Álvaro Casado, socio de FS Strategy y responsable de Digital Assets de KPMG. La idea va más allá del medio de pago en sí. Se trata de establecer un estándar único, con reglas homogéneas y una base tecnológica compartida que permita a cualquier ciudadano o empresa operar en toda la zona euro sin fricciones ni dependencia de redes externas.
El proyecto, que arrancó en 2021, entra ahora en una fase clave. Tras varios años de desarrollo conceptual y definición técnica, el BCE ha puesto en marcha una prueba piloto que servirá para comprobar cómo funciona el sistema en condiciones reales.
Esta fase de pruebas supone un cambio de enfoque. “El objetivo ya no es seguir afinando el modelo sobre el papel, sino observar su comportamiento en situaciones reales, aunque dentro de un entorno controlado”, destaca Álvaro Casado. Para ello, se utilizará una versión preliminar del euro digital que permitirá validar la infraestructura, los flujos de pago, la integración entre actores y la experiencia de usuario.
Las pruebas abarcarán transferencias entre particulares, pagos en comercios físicos y compras online. A ello se suma la posibilidad de realizar pagos sin conexión, mediante intercambio directo entre dispositivos y posterior integración de la operación en el sistema. Esta funcionalidad introduce una lógica distinta a la habitual, al separar el momento de la transacción del momento de su verificación completa.
Ese cambio obliga a asegurar la consistencia de todo el proceso. No basta con ejecutar el pago, también es necesario garantizar que los registros, los saldos y la reconciliación posterior encajan sin errores, detalla el Socio de FS Strategy y responsable de Digital Assets de KPMG. “La fase piloto pretende validar la estabilidad futura del sistema y dependerá de la capacidad para gestionar ese ciclo completo”, agrega.
El programa piloto tendrá un alcance limitado. Participarán un número reducido de proveedores de servicios de pago (PSPs) junto con proveedores de servicios técnicos (TSPs) y se dará acceso a un grupo controlado de usuarios y comercios. Los participantes canalizarán el acceso, gestionarán las wallets y la relación con el cliente y darán servicio en el proceso de liquidación. Todo ello bajo el control del Banco Central Europeo quien controla la emisión y define las reglas del esquema.
El interés del sector se ha hecho notar: el plazo para solicitar la participación se cerró el 14 de mayo de 2026 tras recibir alrededor de 50 candidaturas procedentes de distintos países y con diferente perfil. La selección definitiva se conocerá previsiblemente a finales de julio.
La iniciativa se apoya en un diseño ya avanzado, articulado en torno a tres elementos: un marco legal europeo en desarrollo, un conjunto de reglas comunes que define el funcionamiento del sistema y una plataforma técnica central que coordina la operativa.
Ese esquema fija de forma anticipada cómo se ejecutan los pagos, qué requisitos deben cumplir los participantes y cómo se integran los distintos componentes en una operación. Tanto los procesos como los estándares técnicos y ciertos aspectos de la experiencia quedan definidos dentro de ese marco.
La arquitectura se organiza en capas, con una infraestructura central, que concentra funciones clave como la emisión o la liquidación, mientras que la interacción con los usuarios y comercios se canaliza a través de los intermediarios. “De esta manera, el sistema queda estructurado como una base común sobre la que se despliega la operativa”, detalla Álvaro Casado.
La hoja de ruta combina plazos técnicos y decisiones políticas. El proyecto pasó de la fase de investigación a una etapa de preparación entre 2023 y 2025, centrada en definir sus fundamentos operativos.
El siguiente punto clave será el piloto, previsto para el segundo semestre de 2027 y con una duración aproximada de un año. Durante ese periodo se evaluará el funcionamiento completo del sistema, desde la ejecución de pagos hasta la interacción con los usuarios.
Si el proceso legislativo europeo avanza, el BCE sitúa el posible lanzamiento progresivo en torno a 2029. Ese horizonte depende tanto de la aprobación normativa como de los resultados que arrojen las pruebas. No se trata de una fecha cerrada, sino de una referencia sujeta a validación.
El Banco Central Europeo (BCE) lanza el proyecto del euro digital.
Análisis, casos de uso, diseño del modelo de distribución y mitigación de riesgo, desarrollo de prototipo.
Propuesta de marco legislativo y avance en la redacción de normas.
Desarrollo de actualizaciones para facilitar el despliegue.
Aprobación del euro digital.
Lanzamiento del piloto.
Despliegue del euro digital.
Con el euro digital, las entidades deberán adoptar cambios relevantes en su operativa. De acuerdo con el diseño previsto, se establece que los proveedores de servicios deberán ofrecerlo e integrarlo en su actividad, lo que implica incorporar un nuevo esquema dentro de sus sistemas ya existentes.
Y para adaptarse tendrán que revisar sus procesos internos, desde la conciliación hasta la gestión de datos, así como integrar nuevos flujos operativos en un entorno con reglas comunes. También implica operar de forma continua en coordinación con una infraestructura central, lo que añade dependencias y exige mayor precisión en la ejecución.
La incorporación de funcionalidades como el pago offline añade exigencias adicionales, especialmente en el control posterior de las operaciones y en la consistencia de los saldos.
La participación en el piloto obliga a las entidades a definir su posicionamiento. La primera decisión es el grado de implicación: adoptar un enfoque limitado o participar activamente para adquirir experiencia y anticipar cambios.
Ese posicionamiento condiciona las prioridades de desarrollo. La implementación exige capacidades técnicas y operativas que deben planificarse con una lógica progresiva y alinearse con otras iniciativas en curso.
De igual forma, plantea decisiones sobre la organización interna. El euro digital afecta a distintas áreas (tecnología, operaciones, negocio y cumplimiento) y requiere un enfoque coordinado para integrarse en la actividad existente.
Por último, introduce la necesidad de definir qué funciones se gestionan internamente y cuáles pueden apoyarse en terceros, en un contexto donde la integración técnica y el control operativo resultan determinantes.
A pesar del avance, persisten incógnitas. El nivel de adopción, la convivencia con soluciones ya extendidas o el modelo de incentivos siguen abiertos.
El piloto se configura como el instrumento para abordar esas cuestiones antes de un posible despliegue. Permitirá identificar ajustes necesarios y evaluar el comportamiento del sistema en condiciones controladas.
“El euro digital entra así en una fase en la que se contrasta su diseño con la operativa real”, destaca Álvaro Casado. Su evolución dependerá de los resultados de esta prueba y de la capacidad del sistema para responder a los requisitos técnicos y operativos que implica su implantación.
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