Tras un 2022 en el que hemos vivido varios escándalos y quiebras relevantes, los reguladores de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos para avanzar en la definición de los marcos regulatorios del sector de los criptoactivos. En 2022 se ha avanzado de forma significativa en las normas europeas sobre mercados de criptoactivos (MiCA) y las propuestas prudenciales del Comité de Basilea. De cara a 2023, esperamos una mayor atención en torno al desarrollo de las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), las iniciativas de Sandbox de tecnología de libro mayor distribuido (DLT) y las finanzas descentralizadas (DeFi). En consecuencia, el impacto previsto en los modelos de negocio de las empresas es cada vez más claro.
En junio, los reguladores europeos alcanzaron un acuerdo provisional sobre MiCA, a la espera de aprobación definitiva este mes de abril tras un segundo aplazamiento, que tiene por objeto aclarar la aplicación de las normas vigentes de la UE a los criptoactivos e introduce un nuevo marco jurídico para cualquier activo que quede fuera del ámbito de aplicación de estas normas.
El reglamento se propuso inicialmente en septiembre de 2020, como parte del paquete de Finanzas Digitales y ha avanzado a través de varias propuestas de mejora de redacción. Debido a que se trata de un sector altamente deslocalizado y a la consiguiente necesidad de marcos para operar a nivel mundial, los representantes europeos están promoviendo MiCA como un posible modelo para otras jurisdicciones. Vale la pena señalar, sin embargo, que este reglamento en su forma actual no cubre aspectos como DeFi o Non Fungible Token (NFT).
Dado que el ámbito de aplicación de MiCA no será de obligado cumplimiento hasta el primer trimestre de 2024, el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que desarrollará normas de criptovigilancia destinadas a servir de medida de salvaguarda hasta entonces. Lo que se espera conllevará la armonización de la concesión de licencias para las actividades de criptomonedas.
En diciembre, tras dos rondas de consultas, el órgano de supervisión del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea finalizó sus propuestas para el tratamiento prudencial de los criptoactivos y las Stablecoins. A pesar de las protestas del sector, el Comité se reafirmó en su enfoque conservador, exigiendo que “un elevado volumen de los criptoactivos y las Stablecoins respaldados con mecanismos de estabilización ineficaces” estén sujetos a las mayores cargas de capital posibles. Esto haría muy poco atractivo para las instituciones financieras mantener estos activos en sus balances.
El Comité señaló que, aunque la exposición directa del sistema bancario a los criptoactivos sigue siendo relativamente baja, los últimos acontecimientos han puesto de relieve la importancia de contar con un marco prudencial sólido. No obstante, hizo algunas concesiones al sector, como suavizar el límite global de las exposiciones de los bancos del 1% del capital de nivel 1 al 2% y aumentar la flexibilidad del add-on de capital para cubrir los riesgos de infraestructura.
El plazo de aplicación de estas propuestas (1 de enero de 2025) coincide con el inicio de la aplicación del paquete más amplio de Basilea 4 en la UE.
El Consejo de Estabilidad Financiera también ha publicado recientemente una consulta en la que examina las cuestiones de regulación y supervisión que plantean las actividades relacionadas con los criptoactivos. La consulta muestra una creciente comprensión del nuevo ecosistema y establece claramente las expectativas de que estos activos deben ser regulados de manera similar a las finanzas tradicionales – “misma actividad, mismo riesgo, misma regulación”. Sin embargo, por ahora, el FSB no ofrece propuestas prácticas para abordar retos clave como la naturaleza transfronteriza del sector y las aplicaciones DeFi.
El BCE, junto con al menos otros 50 bancos centrales, están investigando y/o desarrollando su propia CBDC. Se espera que la fase de investigación de 24 meses del BCE sobre un euro digital concluirá en octubre de 2023, con el desarrollo de un prototipo. Como parte de esta fase, el BCE ha estado colaborando con empresas e intermediarios del sector privado sobre posibles interfaces de usuario. Una vez finalizado el prototipo, se decidirá si se sigue adelante con el desarrollo efectivo de un euro digital.
Es importe destacar que desde la UE se está estudiando una CBDC tanto mayorista como minorista. La UE pretende utilizar un modelo intermediado para su CBDC minorista, en el que el BCE crea su propia moneda digital que se distribuye a través de empresas del sector privado y bancos comerciales.
En el ámbito mayorista, por su parte, el Banco de España ha lanzado una convocatoria para instar a entidades y empresas tecnológicas a explorar casos de uso, que mejoren la liquidación de pagos al por mayor en dinero del banco central basado en tecnología blockchain y programable.
En la UE se están estableciendo Sandbox regulatorios para experimentar con el uso de la DLT en las infraestructuras de los mercados financieros, para dar sentido a lo definido en el denominado Pilot Regime.
En junio, Europa llegó a un acuerdo sobre la regulación final del régimen piloto para infraestructuras de mercado basadas en DLT, que establece un marco jurídico para la negociación y liquidación de operaciones con criptoactivos que se consideran instrumentos financieros (en virtud de MiFID II).
El proyecto piloto, similar a un Sandbox, permite una “experimentación segura” y aportará pruebas para un posible régimen permanente posterior. Está previsto que el piloto entre en funcionamiento en marzo de 2023 y que se realice una revisión formal en 2026. En España, será la CNMV quien monitorice estas pruebas y comience a trabajar en el establecimiento de las bases futuras.
Lo vivido con FTX y otros exchanges ha incrementado las críticas a las plataformas criptográficas “centralizadas” y algunos defensores de la descentralización lo consideran una prueba de la necesidad de avanzar hacia las aplicaciones DeFi, en las que los smart contracts permiten que todo se gestione entre pares.
Sin embargo, como es lógico, los reguladores se muestran más cautelosos y subrayan la necesidad de realizar muchos más análisis y requerimientos de garantías antes de que estas aplicaciones puedan desplegarse a gran escala. Actualmente, ni la solidez ni el grado real de descentralización de estas soluciones están demostrados.
Las principales preocupaciones con respecto a DeFi se centran en riesgos como eludir los controles tradicionales del sistema financiero y crear mercados paralelos para, por ejemplo, facilitar la evasión fiscal o eludir responsabilidades en materia de blanqueo de capitales.
Se espera que estos nuevos marcos normativos incluyan los pilares tradicionales de la regulación financiera existente, tales como la segregación de los activos de los clientes, los requisitos de resiliencia financiera y operativa o los requisitos de auditoría/aseguramiento. Por lo que las entidades deben seguir de cerca la evolución de la situación y estudiar las implicaciones para su modelo de negocio.
Así las cosas, todo esto es solo una pequeña parte de lo que se está aconteciendo a nivel global, lo que hace que el nivel de atención y entendimiento de la situación sea altamente exigente.
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