Acaba el primer periodo de informe CBAM: ¿cómo afrontar el próximo?
Para los informes del primer y segundo trimestre de 2024 se podrá seguir aplicando valores defecto.
26 abril, 2024
5 min
En los últimos años ha ido cambiando la visión de las empresas, y ya no solo se espera que generen beneficios, sino que se les pide algo más. La sociedad demanda que sean capaces de aportar algo extra al desarrollo de la comunidad, para mejorarla, para reforzar el sistema sanitario (que tan debilitado se ha visto estos últimos años con la COVID-19), las infraestructuras o aspectos tan importantes como la educación y el medioambiente. En este compromiso con la sociedad tiene una función fundamental la estrategia fiscal de las empresas y cómo la misma está alineada con los principios ESG.
Se dice que el enfoque fiscal de una empresa suele ser un buen indicador de su gobierno, y es que asumir determinados riesgos fiscales hoy en día puede suponer un riesgo reputacional y financiero que muchas empresas e inversores no se pueden permitir. Por ello, actualmente las iniciativas ESG, a través de la lente de la política fiscal, están ayudando a los inversores a identificar inversiones más sostenibles y menos agresivas.
Pero estamos ante un entorno económico y regulatorio altamente complejo y en constante transformación, por lo que gestionar el cumplimiento de los principios ESG desde una perspectiva fiscal no es una tarea fácil y requiere un asesoramiento especializado en la materia.
A nivel europeo se van incrementando las iniciativas con el objetivo de que las empresas sean cada vez más transparentes y sostenibles con sus políticas fiscales. Por ejemplo, el pasado 21 de diciembre de 2021 entró en vigor la Directiva EU 2021/2101 a través de la cual se regula que los grupos multinacionales con un importe neto de la cifra de negocios consolidado de, al menos, 750 millones de euros, con socios o filiales residentes en un estado miembro de la Unión Europea deberán reportar determinada información con carácter anual. En principio, se prevé que estos grupos publiquen, además de una breve descripción de todas las actividades que desarrollan, su importe neto de la cifra de negocios (incluyendo el de sus entidades vinculadas), el resultado antes de impuestos obtenido y los impuestos pagados en cada uno de los países, entre otros aspectos.
La Directiva establece que, estos informes deberán publicarse en el registro de empresas de un Estado miembro de la UE, pero también en los sitios web de las empresas, donde los informes “Country by Country” deberán permanecer accesibles durante, al menos, cinco años. Si bien esta normativa aún no se ha transpuesto al ordenamiento jurídico español, los estados miembros de la UE tienen hasta el 22 de junio de 2023 para transponer la directiva a su ordenamiento interno.
Por otro lado, a finales de 2021 la OCDE también publicó las medidas fiscales que englobarán el “Pillar II” y que tendrán un gran impacto a nivel mundial, 137 países han suscrito las mismas. Esta reforma fiscal, junto con las medidas que engloban el “Pillar I”, tiene como objetivo asegurar una distribución equitativa de los beneficios y de los impuestos a pagar en cada uno de los países en los que operan determinados grupos multinacionales, con independencia de su presencia física en los mismos. Además, se prevé introducir, a través de unas reglas y cálculos complejos, que determinadas compañías queden sujetas a una tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades de, al menos, el 15% de sus ingresos. En principio está previsto que esta medida entre en vigor en 2023.
Habrá que ver si todas estas iniciativas ayudan a que las empresas incrementen su transparencia fiscal y empiecen a tomarse en serio la importancia de los principios ESG desde una perspectiva fiscal. Por ahora algunos grupos multinacionales ya han comenzado a hacer públicas sus políticas fiscales y a preparar, con carácter anual, informes fiscales en dónde detallan los impuestos que pagan en cada uno de los países.
Como se suele decir, la honradez es un vestido transparente, y lo que está claro es que la confianza es un elemento esencial para los socios, empleados y clientes de una compañía.
Pero no hay que dejar de lado que todas estas iniciativas también conllevarán un incremento de tareas administrativas y costes de “compliance” para las empresas, por lo que será indispensable llevar a cabo una buena planificación para hacer frente a las mismas.
De momento queda mucho camino por recorrer y las compañías deben ser capaces de ir adaptando sus políticas fiscales a los principios ESG que demanda la sociedad, hay muchas iniciativas a nivel comunitario que están avanzando a pasos agigantados y que en poco tiempo verán la luz. Esta puede ser una tarea desafiante para las empresas considerando el ritmo de los cambios regulatorios y la evolución de las expectativas de la sociedad, por lo que no hay tiempo que perder.
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