Las oportunidades de la nueva legislación, clave de la recuperación

El impacto regulatorio de la COVID-19 en materia fiscal y legal para las compañías ha sido inmediato y seguirá requiriendo un gran esfuerzo de cumplimiento y adaptación en las próximas fases.

La pandemia por COVID-19 ha ocasionado un impacto rápido y profundo en el normal funcionamiento de las empresas, con consecuencias en el empleo y el tejido productivo. Con el objetivo de mitigar los efectos económicos de esta crisis e impulsar la recuperación, las Administraciones Públicas, a distintos niveles, han aprobado nuevas normas en estos últimos meses. En España, solo desde la Administración central y hasta mediados de junio se han dictado 16 reales decretos ley, 11 reales decretos y 109 órdenes ministeriales A esta legislación, habría que sumar la aprobada en el ámbito, autonómico y europeo, hasta superar en conjunto las 1.300 nuevas normas.

No es difícil deducir que el ingente corpus legislativo que se ha aprobado desde el estallido de la pandemia ha cambiado radicalmente el marco regulatorio en el que las empresas desarrollan su actividad. Si antes de la pandemia este marco ya era complejo, con una gran variedad de emisores de normas, incluyendo supranacionales, y una normativa muy cambiante, la crisis provocada por la COVID-19 lo ha complicado aún más.

“En un escenario tan complejo para las empresas, en el que deberán afrontar, entre otros, retos relacionados con la liquidez, la gestión de personas y la nueva organización del trabajo o la estrategia comercial, será necesario analizar las oportunidades que ofrece la nueva legislación, así como su impacto, en aspectos tan diversos como la gestión fiscal, las relaciones laborales, el gobierno corporativo, sus contratos, las operaciones corporativas, los retos de la sostenibilidad y el cambio climático, la transformación digital o la movilidad internacional. Los legisladores y los reguladores de todo el mundo compiten a la hora de atraer inversiones y preservar empleos. La percepción de previsibilidad y seguridad jurídica, así como la competitividad de las empresas serán retos fundamentales” señala Francisco Uría, Socio Principal de KPMG Abogados.

La paralización de la actividad y su impacto legal

Las restricciones a la movilidad redujeron drásticamente la actividad productiva de muchas compañías. El cambio de contexto y las propias medidas de confinamiento impedían ejecutar muchos contratos. Ante esta situación, el Gobierno permitió aplicar el concepto de ‘fuerza mayor’ a la hora de justificar cambios en obligaciones contractuales de diversa naturaleza: laboral, mercantil o de otra índole.

Los legisladores y los reguladores de todo el mundo compiten a la hora de atraer inversiones y preservar empleos. La percepción de previsibilidad y seguridad jurídica, así como la competitividad de las empresas serán retos fundamentales.
Francisco Uría, Socio Principal de KPMG Abogados

Una vez que la fase aguda de la pandemia ha pasado, es probable que la litigiosidad se incremente. En los próximos meses se deberán dilucidar las reclamaciones por incumplimientos contractuales que se produjeron durante el estado de alarma y negociar posibles soluciones, desde indemnizaciones a renegociaciones, pasando por posibles suspensiones de contratos.

Además, si tenemos en cuenta la delicada situación financiera que están atravesando muchas compañías, es posible que se puedan producir nuevos incumplimientos en el corto plazo.  “Preverlos con celeridad y evaluar el impacto que podrían tener en su actividad y situación financiera, así como en sus acuerdos con proveedores o en la relación con sus clientes permitirá a estas empresas afrontar eventuales conflictos judiciales con mayores garantías o incluso evitarlos, minimizando riesgos económicos y reputacionales” señala Alberto Estrelles, Socio Director de KPMG Abogados.

Las derivas legales de los incumplimientos contractuales deberán analizarse con especial atención en el ámbito de los acuerdos con la Administración Pública. La normativa aprobada durante el estado de alarma estableció la suspensión para aquellos contratos cuya ejecución había devenido total o parcialmente imposible, hasta que el órgano de contratación notificara el fin de la suspensión. Conforme la Administración Pública ha ido recuperando su actividad, reabriendo oficinas o reactivando servicios, los proveedores han vuelto a realizar sus funciones. No obstante, la suspensión de estos contratos les puede haber ocasionado perjuicios, que deberán ser analizados de forma global y evaluados ante una posible reclamación.

Otro aspecto fundamental al que las compañías deben hacer frente es el de las relaciones laborales. Muchas compañías están abocadas a revisar y en último término a modificar su modelo de negocio, lo que implica necesariamente hacer una revisión en profundidad de las condiciones laborales y un proceso de adaptación a la nueva realidad de la gestión de los recursos humanos.

Pero no todos los efectos de las restricciones a la movilidad han sido negativos. Muchas empresas se han visto obligadas a acelerar sus procesos de digitalización. De hecho, aquellas compañías que contaban con una fuerte presencia en el canal online han capeado mejor la fase aguda de la pandemia. En la nueva realidad, las empresas que no hayan sido capaces de llevar a cabo la transición digital corren el riego de quedar fuera del mercado. Esa transición no está exenta de riesgos: la gestión de datos personales, la infraestructura tecnológica o los acuerdos con clientes y proveedores son áreas sensibles que requieren de un tratamiento legal específico para evitar posibles conflictos.

Implicaciones regulatorias, legales y fiscales

Soluciones y su impacto fiscal

La paralización de la actividad limitó la capacidad de generar caja de muchas compañías, lo que incrementó las tensiones de tesorería. Muchas empresas presentan dificultades para obtener liquidez y, en el corto plazo, podrían llegar a no poder afrontar sus pagos. Una gestión fiscal eficiente y eficaz contribuiría a aliviar esta situación. “El aplazamiento o el fraccionamiento de las deudas tributarias, la búsqueda de formas alternativas de pago o la monetización de incentivos fiscales son algunos de los instrumentos fiscales con los que cuentan las empresas para mejorar su liquidez en una coyuntura en la que muchas de ellas luchan por su supervivencia” afirma Alberto Estrelles.

Esa gestión fiscal eficaz requiere analizar los riesgos de esta naturaleza que se han visto incrementado durante por la pandemia. Los precios de transferencia son uno de ellos. La paralización de las cadenas de suministro puso bajo estrés, de forma simultánea, las políticas de la mayoría de los grupos multinacionales en este ámbito.  Estas políticas fueron diseñadas para un entorno de relativa normalidad económica y empresarial. Por esa razón, las empresas necesitan ajustar o incluso revisar de forma integral estas políticas con el fin de adaptarse al nuevo escenario que ha abierto la pandemia.

En una coyuntura en la que las tensiones de tesorería ponen en riesgo la supervivencia de muchas empresas, estas deberán analizar los instrumentos fiscales de los que disponen e implementar aquellos que mejoren su liquidez.
Alberto Estrelles, Socio Director de KPMG Abogados

En ese proceso de adaptación, algunas empresas podrían optar por poner en marcha desinversiones, reestructuraciones, fusiones o alianzas. En un contexto de incertidumbre como el actual, la complejidad de este tipo de operaciones se presenta para todos los actores, inversores, transmitentes y socios. Conocer las implicaciones de estas operaciones en aspectos como el gobierno corporativo, el cumplimiento de las normas de competencia o la gestión fiscal será fundamental para garantizar su éxito y evitar conflictos.

En un contexto cambiante e incierto como el que ha originado la COVID-19, el análisis individualizado de las implicaciones legales y fiscales de sus decisiones permitirá a muchas empresas poner en marcha soluciones que no solo garanticen su supervivencia a corto plazo, sino que garanticen su recuperación.

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