Directiva contra el greenwashing: comunicar con credibilidad
La nueva normativa europea exige respaldar mensajes ambientales con datos verificables y explicaciones sólidas.
6 octubre, 2026
3 min
Durante más de una década, las sucesivas cumbres del clima han ido construyendo la arquitectura necesaria para implementar el Acuerdo de París. Glasgow terminó de definir buena parte de sus reglas de funcionamiento; Sharm el-Sheikh acordó la creación del fondo de pérdidas y daños; Dubái cerró el primer Global Stocktake y planteó avanzar en la transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos; Bakú acordó el nuevo objetivo de financiación climática y avanzó en la operacionalización de los mecanismos del artículo 6; y Belém reforzó el paso de la negociación a la implementación.
Del 9 al 20 de noviembre, Antalya acogerá la 31.ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31), con Turquía al frente de la Presidencia y Australia al frente de las negociaciones, en un contexto especialmente complejo. Los impactos del cambio climático continúan intensificándose, el contexto geopolítico y económico dificulta alcanzar nuevos grandes consensos multilaterales y la posibilidad de limitar el calentamiento a 1,5 ºC sin un rebasamiento significativo es cada vez más remota.
Pero la COP31 llega también en un momento diferente. Buena parte de la arquitectura necesaria para hacer frente al cambio climático ya existe. El Acuerdo de París cuenta con contribuciones nacionales, planes de adaptación, mecanismos de transparencia y financiación, y se han establecido objetivos globales para acelerar las energías renovables, la eficiencia energética o la adaptación.
Antalya quiere marcar un cambio de ritmo. Ha llegado la hora de la implementación real: una COP en la que el protagonismo ya no estará únicamente en los acuerdos alcanzados, sino en nuestra capacidad para convertirlos en acción, acelerar los planes nacionales, aumentar la resiliencia de economías y sociedades y movilizar el capital necesario para hacerlo posible.
El objetivo de 1,5 ºC atraviesa un momento crítico. Según el Emissions Gap Report 2026 de UNEP, el mundo se dirige hacia un aumento de la temperatura a final de siglo de aproximadamente 2,6 ºC si se cumplen plenamente las NDC y se mantienen posteriormente esfuerzos similares, y de 2,8 ºC con las políticas actuales.
Preservar el objetivo de 1,5 ºC exigiría reducir emisiones de forma inmediata y extraordinariamente rápida, avanzar decididamente en la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, un ámbito donde alcanzar nuevos consensos sigue siendo especialmente complejo, desplegar masivamente energías limpias y depender en buena medida de futuras eliminaciones de CO2. Incluso en ese escenario, el umbral de 1,5 ºC se superaría temporalmente antes de volver a situarnos por debajo.
Este rebasamiento introduce una realidad incómoda en Antalya. Mantener la credibilidad del objetivo de 1,5 ºC pasa ya no solo por defenderlo políticamente, sino por acelerar de forma tangible la reducción de emisiones. La Presidencia sitúa por ello la mitigación entre los ámbitos prioritarios y plantea minimizar tanto la magnitud como la duración del rebasamiento.
2. Reforzar resiliencia y adaptación
Que el objetivo de 1,5 ºC esté cada vez más comprometido está modificando también la conversación climática. La mitigación continúa siendo imprescindible, pero la adaptación, la resiliencia y las pérdidas y daños adquieren mayor protagonismo.
Uno de los resultados esperados de Antalya será avanzar en la implementación del Global Goal on Adaptation, incluida la operacionalización de la Belém-Addis Vision on Adaptation, el trabajo técnico sobre los indicadores de adaptación y la continuidad de los trabajos de la Baku Adaptation Roadmap.
La COP31 deberá, por tanto, gestionar simultáneamente dos realidades: acelerar la transición climática y preparar economías y sociedades para impactos climáticos que ya son inevitables.
La Presidencia de la COP31 ha construido su narrativa alrededor de tres principios: diálogo, consenso y acción. Su aspiración es conectar mejor las decisiones internacionales con políticas nacionales, inversiones y proyectos concretos.
Esto coloca en primer plano tres instrumentos fundamentales del Acuerdo de París: las contribuciones determinadas a nivel nacional, los planes nacionales de adaptación y los informes bienales de transparencia. El reto ya no es únicamente disponer de estos instrumentos, sino lograr que se traduzcan en políticas públicas, planes de desarrollo, inversión y proyectos concretos.
Antalya marcará además el inicio del segundo Global Stocktake, que culminará en 2028 y evaluará el progreso colectivo en la implementación del Acuerdo de París. Este nuevo balance permitirá comprobar hasta qué punto los compromisos adoptados se están traduciendo efectivamente en acción y orientar el siguiente ciclo de políticas climáticas nacionales.
La cuestión que sobrevolará Antalya será hasta qué punto la cooperación internacional es capaz de cerrar precisamente esa brecha entre ambición e implementación, en un momento de importantes tensiones para el multilateralismo climático.
Ninguna agenda de implementación será creíble sin financiación. Entre las cuestiones sobre la mesa estarán la materialización del nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación climática, el llamamiento a, al menos, triplicar la financiación destinada a adaptación para 2035 y una mejor alineación de los flujos financieros con los objetivos climáticos.
Pero quizás el cambio más interesante sea pasar de hablar únicamente de cuánto capital necesitamos a cómo conseguimos que los proyectos sean financiables.
En este contexto, la Presidencia está impulsando el Climate Implementation Bridge (o BRIDGE), concebido para conectar las prioridades climáticas de los países con carteras de proyectos, financiación, asistencia técnica y socios capaces de ejecutarlos. No pretende crear un nuevo fondo, sino reducir la distancia que todavía existe entre los objetivos climáticos nacionales y los proyectos capaces de atraer inversión.
En paralelo a la negociación formal, la Presidencia quiere utilizar la Agenda de Acción para acelerar soluciones concretas en la economía real.
La electrificación se ha convertido en una de las principales banderas de esta agenda, que ha propuesto el objetivo colectivo “35 by 35”: elevar hasta el 35% en 2035 la proporción de la demanda final mundial de energía cubierta mediante electricidad.
La lógica es combinar una mayor electrificación de edificios, transporte e industria con un sistema eléctrico progresivamente descarbonizado para acelerar la reducción de emisiones y reforzar la seguridad energética.
Pero la Agenda de Acción de la COP31 va más allá. Sus 10 ámbitos prioritarios incluyen también industrialización verde, ciudades resilientes, reducción de residuos y metano, seguridad alimentaria, océanos, salud o educación climática.
En definitiva, la agenda climática es cada vez más una conversación sobre energía, industria, infraestructuras, recursos, ciudades e inversión. Es decir, sobre transformación económica.
Si la COP31 quiere ser la COP de la implementación, su éxito no podrá medirse únicamente por el número de acuerdos alcanzados, sino por los resultados que esos acuerdos sean capaces de generar.
Antalya tendrá, por tanto, una doble prueba. La primera, política. Lograr avances concretos en financiación, mitigación, adaptación o transición justa, y demostrar que, en un contexto geopolítico complejo, el multilateralismo climático sigue siendo capaz de generar acuerdos.
La segunda, más difícil, será convertir esos acuerdos en acción: políticas, inversión, proyectos y resultados medibles en la economía real.
En última instancia, esa puede ser la auténtica medida del éxito de la COP31: que, al terminar Antalya, exista un camino más corto y creíble entre la ambición climática y su ejecución. Y, en cierto modo, no podremos valorar plenamente el alcance de este impulso hasta 2028, cuando concluya el segundo Global Stocktake y podamos comprobar hasta qué punto se ha avanzado, respecto al primer balance, en cerrar la brecha entre los compromisos climáticos y su implementación efectiva.
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