El 6 de noviembre de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) publicó la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen retributivo específico a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, culminando así el desarrollo del nuevo marco competitivo aprobado durante 2026. El nuevo mecanismo se enmarca, además, en los objetivos del PNIEC 2023-2030, que contempla una medida destinada a impulsar 1.200 MW de cogeneración de alta eficiencia. La convocatoria de 650 MW constituye, por tanto, un primer paso relevante en el despliegue efectivo de ese objetivo. 

La convocatoria pone en juego 650 MW de potencia instalada objeto, distribuidos entre diez productos, y fija para el 23 de febrero de 2027 la celebración de la primera subasta. Con ello, quedan concretadas algunas de las principales cuestiones que hasta ahora permanecían pendientes para el sector: qué instalaciones podrán participar, con qué garantías, cómo deberán formularse las ofertas y qué plazos tendrán los adjudicatarios para ejecutar las inversiones.  

Para las empresas interesadas, el foco se traslada ahora del diseño regulatorio a la preparación efectiva de los proyectos y, especialmente, a definir una estrategia de oferta que combine competitividad en la subasta y viabilidad económica de la inversión. 

Del marco regulatorio a una convocatoria concreta 

El punto de partida se encuentra en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y en el régimen retributivo específico desarrollado por el Real Decreto 413/2014. Sobre esa base, el Real Decreto 530/2026 y la Orden TED/672/2026 articularon durante 2026 el nuevo marco competitivo aplicable a determinadas instalaciones de cogeneración.  

La nueva resolución da ahora el paso que faltaba: convocar la primera subasta y concretar sus condiciones. Si hasta ahora conocíamos el funcionamiento general del mecanismo, los potenciales participantes disponen ya de las principales variables necesarias para preparar su estrategia: volumen convocado, calendario, productos, garantías, formato de las ofertas y reglas de casación.  

La subasta será administrada por OMEL Diversificación, S.A.U., filial de OMIE, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará como entidad supervisora. 

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650 MW distribuidos entre diez productos

La primera subasta de cogeneración de alta eficiencia establece diez productos diferenciados, con cupos específicos y mecanismos para reasignar parte de la potencia que no resulte adjudicada.

Diez productos
  • Los 650 MW se distribuyen así: ITR-0106, 2 MW; ITR-0107, 25 MW; ITR-0108, 50 MW; ITR-0109, 8 MW; ITR-0110, 210 MW; ITR-0111, 130 MW; ITR-0112, 5 MW; ITR-0113, 75 MW; ITR-0116, 95 MW; e ITR-0117, 50 MW.
Reasignación de cupos
  • La parte no adjudicada de los cupos de las ITR-0106, ITR-0107, ITR-0108 e ITR-0116 se añadirá, respectivamente, a los cupos de las ITR-0109, ITR-0110, ITR-0111 e ITR-0117.
Margen de adjudicación
  • El proceso de casación permite superar hasta un 10% el cupo establecido para cada producto. La potencia finalmente asignada no podrá rebasar el cupo correspondiente incrementado en ese porcentaje.
Límite para biomasa
  • Las instalaciones de cogeneración de biomasa de los grupos b.6 y b.8 tendrán un límite de 35 MW de potencia instalada para acceder al régimen retributivo específico.

Esta configuración resulta relevante desde una perspectiva empresarial. No existe una única competición indiferenciada por los 650 MW, sino distintos productos vinculados a las características de las instalaciones tipo de referencia. Para los potenciales participantes, la identificación de la ITR y del producto correspondiente se convierte así en uno de los primeros elementos que deberán tenerse en cuenta al diseñar su estrategia.

¿Qué se oferta realmente? Potencia instalada y reducción de la inversión inicial 

Una de las particularidades más relevantes del mecanismo reside precisamente en la configuración de las ofertas. 

Los participantes no compiten ofreciendo simplemente un precio por MWh de electricidad. Para cada producto, la oferta combina una determinada potencia instalada con un porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial correspondiente a la ITR.  

Cada bloque equivale a 1 kW y las ofertas pueden estructurarse en hasta 20 tramos, divisibles o indivisibles dentro de los límites establecidos para cada producto. El porcentaje de reducción puede situarse entre el 0% y el 100%. Durante el periodo habilitado para presentar las ofertas podrán remitirse distintas versiones, si bien será la última oferta válida presentada la que se tenga en consideración.  

Antes de realizar la casación, se comprobará, para cada producto, si el número total de bloques ofertados alcanza la relación mínima exigible respecto del cupo. Si no se cumple esa relación, el cupo se reducirá hasta alcanzar el nivel mínimo de competencia requerido. 

A continuación, se formará la curva agregada de oferta, ordenando los tramos de mayor a menor porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial. Por tanto, a efectos de la ordenación económica de las ofertas, una mayor reducción propuesta supone una oferta más competitiva.  

Los tramos se seleccionarán siguiendo ese orden hasta cubrir el cupo del producto. El último tramo podrá aceptarse aunque haga que se supere dicho cupo, siempre que no se rebase el porcentaje máximo de exceso del 10%. Si se supera ese límite, los tramos indivisibles serán rechazados, mientras que los divisibles podrán aceptarse parcialmente hasta alcanzar el cupo incrementado en dicho porcentaje. 

El porcentaje de reducción finalmente aplicable a cada tramo adjudicado será el correspondiente al último tramo seleccionado para la respectiva ITR, con independencia del porcentaje inicialmente ofertado en cada tramo. Por tanto, dentro de cada producto se aplicará un único porcentaje de reducción a todos los tramos adjudicados. 

No se trata, por tanto, de aplicar un descuento sobre el precio de la electricidad, sino de competir sobre el valor estándar de la inversión inicial reconocido para la correspondiente instalación tipo, además de determinar la potencia por la que se participa.  

Garantías y calendario para participar en la subasta de cogeneración de alta eficiencia  

La participación se estructura en las fases de precalificación, calificación y subasta.  

La precalificación exige aportar, entre otra información, los datos básicos del solicitante, el documento acreditativo de las facultades del apoderado y los compromisos de confidencialidad y no colusión. En la fase de calificación deberán declararse los volúmenes máximos de calificación por producto, aceptarse las reglas de la subasta, constituirse las garantías y presentarse la declaración sobre pertenencia a un grupo empresarial.  

Uno de los elementos prácticos más relevantes es la garantía exigida para la calificación, que asciende a 20 euros/kW sobre el volumen máximo de calificación solicitado. Así, a modo meramente ilustrativo, una empresa que solicitase calificarse por un volumen máximo de 10 MW tendría que constituir una garantía de 200.000 euros.  

Las garantías podrán formalizarse mediante depósito en efectivo, aval bancario o seguro de caución. El aval o el seguro deberá ser irrevocable y ejecutable a primer requerimiento y, con carácter general, la entidad garante deberá contar con una calificación mínima equivalente a investment grade. La vigencia de las garantías deberá extenderse, como mínimo, hasta el último día del sexto mes posterior al de celebración de la subasta. 

El calendario previsto es, además, particularmente concentrado. El plazo de precalificación y calificación finaliza el 15 de febrero de 2027. Las subsanaciones deberán realizarse antes del 18 de febrero, el ensayo de la subasta tendrá lugar el 19 de febrero y la prueba de acceso y firma electrónica, el 22 de febrero.  

La subasta se celebrará finalmente el 23 de febrero de 2027, con recepción de ofertas entre las 9:00 y las 11:00 horas. Los resultados provisionales se publicarán ese mismo día, antes del correspondiente periodo de reclamaciones y de su posterior validación.  

Este calendario obliga a los potenciales participantes a anticipar el trabajo. La documentación de calificación, la constitución de las garantías y la estrategia económica de la oferta deberán estar suficientemente definidas con anterioridad a la celebración de la subasta. 

De la adjudicación a la preasignación en el régimen retributivo específico 

La celebración de la subasta no agota el procedimiento administrativo. 

Tras la casación se comunicarán los resultados provisionales, se abrirá el correspondiente periodo de reclamaciones y tendrá lugar su validación conforme al procedimiento establecido. Posteriormente, la Dirección General de Política Energética y Minas dictará la correspondiente resolución por la que se resuelva la subasta, que será publicada en el BOE e identificará, para cada producto, los adjudicatarios, la potencia adjudicada y el porcentaje de reducción resultante. 

La adjudicación conllevará el derecho a solicitar la inscripción de las instalaciones asociadas a las ofertas adjudicadas en el registro del régimen retributivo específico en estado de preasignación. Para ello, los adjudicatarios dispondrán de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución de la subasta, para presentar una solicitud por cada instalación y aportar la documentación exigida, incluido el resguardo de la garantía económica prevista en el artículo 27 de la Orden TED/672/2026. Esta garantía, de 20 euros/kW, tiene por objeto asegurar que la instalación alcance posteriormente la inscripción en estado de explotación. 

Conviene, por tanto, distinguir ambos hitos: resultar adjudicatario en la subasta y obtener posteriormente la correspondiente inscripción administrativa en estado de preasignación no constituyen el mismo acto. Además, si una parte de la potencia adjudicada no llegase a inscribirse en preasignación, la garantía de participación podrá ejecutarse proporcionalmente respecto de la potencia adjudicada que no haya resultado inscrita. 

48 o 60 meses para ejecutar los proyectos 

La convocatoria concreta también un elemento esencial para las decisiones de inversión: el plazo disponible para cumplir los requisitos del artículo 46 del Real Decreto 413/2014 y obtener la inscripción en el registro del régimen retributivo específico en estado de explotación. 

El periodo será de 60 meses para las nuevas instalaciones vinculadas a las ITR-0106, ITR-0107, ITR-0108 e ITR-0116, así como para las modificaciones correspondientes a la ITR-0117. En el caso de las modificaciones vinculadas al resto de ITR, el plazo será de 48 meses.  

Estos plazos comenzarán a computarse desde el día siguiente a la publicación en el BOE de la resolución de inscripción en estado de preasignación de las ofertas adjudicatarias. 

La diferencia resulta relevante desde el punto de vista empresarial. Los plazos condicionarán la estructuración financiera de los proyectos, sus calendarios de ingeniería y construcción y, en muchos casos, la coordinación de las inversiones energéticas con las propias decisiones de inversión de las instalaciones industriales asociadas. 

Acreditación de inversiones e hidrógeno renovable: otras precisiones operativas 

La Resolución introduce también dos precisiones relevantes para la futura acreditación del cumplimiento de los requisitos del régimen: 

  • Cuando las facturas acreditativas de las inversiones hayan sido emitidas a nombre de un tercero, podrán aportarse, entre otros documentos, el contrato de suministro de servicios energéticos de larga duración o declaraciones responsables que acrediten la relación entre las partes y el destino de la inversión a la instalación de cogeneración o a los servicios energéticos que proporciona. 
  • En las instalaciones del subgrupo a.1.1, la capacidad para utilizar gas natural con un contenido mínimo del 10% de hidrógeno renovable únicamente deberá acreditarse cuando la presencia de hidrógeno renovable en la red de gas natural supere el 5% en volumen. 

De la regulación a la inversión 

La convocatoria supone un cambio de fase para la cogeneración. El marco aprobado durante 2026 deja de ser únicamente un diseño regulatorio y se convierte en una oportunidad concreta de inversión, con potencia, calendario y reglas de competencia conocidas.  

A partir de ahora, el reto para los potenciales participantes será trasladar esas reglas a las características económicas y técnicas de sus propios proyectos. Para ello deberán identificar correctamente la ITR aplicable, determinar el volumen por el que interesa competir, dimensionar las garantías necesarias y, especialmente, definir hasta qué porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial puede llegar cada proyecto sin comprometer su rentabilidad, teniendo en cuenta la inversión necesaria, los parámetros retributivos aplicables y sus costes e ingresos esperados. 

Con la primera subasta prevista para el 23 de febrero de 2027 y el cierre del periodo de precalificación y calificación fijado para el 15 de febrero, será necesario anticipar este análisis y preparar con suficiente antelación tanto los requisitos documentales y financieros como la estrategia de participación.