La buena salud del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados
Ha sido un verano difícil. El complejo entorno geopolítico, la continuada inflación, la crisis energética o el punto de inflexión…
20 septiembre, 2022
Tras más de un año de preparación y expectación en el que los fondos europeos han sido una constante en los círculos económicos y empresariales por su relevancia, finalmente son una realidad. Tras recibir el pasado 17 de agosto la primera transferencia a España de 9.000 millones de euros de prefinanciación del Plan de Recuperación Europeo, la Comisión Europea también ha avalado el primer paquete de hitos y medidas alcanzados hasta junio de 2021, lo que da luz verde al primer desembolso de fondos. De este modo, se inicia el proceso de recepción de unos fondos llamados no solo a la recuperación de la eurozona de los envites de la COVID-19, sino a transformar en profundidad la economía y la sociedad, hacia una más sostenible y digital.
Sin embargo, la recepción de las próximas partidas de fondos, como se ha reiterado en numerosas ocasiones, estará condicionada a la consecución de los hitos establecidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los ejes desarrollados en la propia configuración de los fondos establecen como prioridad apoyar inversiones y reformas que refuercen la transición ecológica y digital, y que favorezcan la cohesión social. El objetivo último es hacer realidad la visión conjunta de una economía europea más resiliente, competitiva e inclusiva.
Con la llegada de la primera transferencia desde Bruselas, se ha puesto fin a meses de incertidumbre suscitada a raíz de los retrasos y complicaciones que han sobrevolado la ratificación definitiva de los fondos. Y, además, esclarece algunas cuestiones a tener en cuenta para las empresas y Administraciones Públicas que quieran aprovechar la enorme oportunidad que suponen los fondos europeos.
Pero también ha puesto sobre la mesa un nuevo reto tanto para el Gobierno como para el conjunto de empresas que desean acceder a estas ayudas: el de poner en marcha miles de proyectos que garanticen que se ejecuta todo el dinero recibido de Bruselas.
Y es que, de cara a poder recibir los siguientes tramos previstos, España se ha comprometido a cumplir una serie de objetivos y reformas que deberá probar ante la Comisión y sus socios. Según el calendario previsto por la Comisión Europea y publicado por el Gobierno, el siguiente pago será de un importe de 10.000 millones de euros. Se trata del correspondiente a los hitos y objetivos alcanzados desde febrero de 2020 hasta junio de 2021, que ya ha recibido el aval de la Comisión.
El siguiente requerimiento de pago que hará España será el correspondiente a la consecución de las reformas del segundo semestre de 2021, que supondrá la llegada de 12.000 millones de euros.
En el segundo semestre de 2022 está previsto el pago de 6.000 millones de euros. Los desembolsos continuarán efectuándose cada seis meses en 2023, año en el que se prevén dos pagos de 10.000 millones de euros y de 7.000 millones de euros. A partir de aquí el foco se trasladará más a la inversión en proyectos elegibles que a las reformas, y los pagos serán anuales, completándose los desembolsos con tres pagos previstos de 8.000 millones de euros en junio de 2024, 3.500 millones de euros en junio de 2025 y 4.000 millones de euros en diciembre de 2026.
Además, la Unión Europea ha puesto en marcha ya su primera emisión de bonos verdes, que comenzará el próximo 15 de septiembre y que se efectuará en octubre. Con ello, captará en el mercado al menos 250.000 millones de euros hasta 2026, que se canalizarán a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el cual obliga a los Estados a destinar el 37% de la dotación de sus planes de recuperación a iniciativas ecológicas como las energías renovables, la movilidad limpia o la eficiencia energética.
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta España ahora es conseguir canalizar de manera ágil y eficiente el dinero que llegue de Bruselas. El Ejecutivo ha puesto en marcha una importante reforma legal con el objetivo de modernizar la Administración Pública y eliminar barreras administrativas y agilizar la gestión y ejecución de los fondos, que se comprometerán a través de convocatorias de licitaciones, subvenciones y ayudas de los diferentes Ministerios, Comunidades Autónomas y, en algunos casos, Ayuntamientos y estarán siempre orientadas a cumplir con los objetivos del Plan.
En este proceso, las Comunidades Autónomas tendrán ahora un papel protagonista y, por ello, ya están recibiendo una parte muy relevante de los fondos y serán ellas las encargadas de ejecutarlos. En lo que va de año se han aprobado 14 acuerdos de reparto de fondos y se han transferido a las comunidades más de 7.000 millones de euros entre las diferentes conferencias sectoriales de cada ministerio, las cuales está previsto que se sigan celebrando en los próximos meses, al igual que los acuerdos de reparto de fondos.
Y es que, al haberse incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 partidas para la puesta en marcha del Plan se han podido ejecutar parte de los recursos antes de recibir los primeros desembolsos de la Comisión Europea, aunque su llegada a la economía real está tardando más de lo previsto. Según cifras facilitadas por el Ejecutivo, hay 196 millones en pagos realizados hasta mayo, el 0,82% del total previsto para 2021.
“La condicionalidad introducida en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha precisado de un complejo proceso de negociación política entre las distintas instituciones europeas, al mismo tiempo que la Comisión ha trabajado con cada Estado miembro en diseñar un Plan de Recuperación adaptado a dicha condicionalidad. Una vez aprobado el Plan, es el Gobierno quien debe impulsar, coordinar y dirigir su ejecución”, señala Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España.
En este sentido, las convocatorias son de extrema importancia para aquellas empresas interesadas en aprovechar el impulso de los fondos, pues es la vía mediante la que pueden optar a ellos. A día 13 de septiembre, el Estado cuenta actualmente con 14 convocatorias abiertas, aunque hay cambios cada pocos días. Algunas de ellas recogen 400 millones de euros en ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como la adquisición e instalación de infraestructuras de recarga de acceso público y de uso privado (Movilidad eléctrica MOVES III); 2.000 millones para el fondo Next Tech, concebido para el desarrollo de proyectos digitales innovadores de alto impacto y la inversión en empresas en crecimiento (scale-ups); 1.000 millones para el programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, entre otras.
Hay, además, 13 convocatorias que se encuentran cerradas: 40 millones para el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, 24 millones para los proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento de Formación Profesional o 50 millones de euros para las misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021; y una que ya está aprobada: el Programa PREE 5000, para la rehabilitación energética de edificios.
Para poder acceder a las ayudas y que un proyecto sea aprobado, la agilidad es crucial. El plazo de vigencia de las convocatorias es muy reducido y las convocatorias vencen en los plazos establecidos, sin posibilidad de ampliaciones o prórrogas.
Por ello, “las empresas deben estar preparadas para presentar los proyectos elegibles, disponiendo de toda la documentación necesaria en tiempo y forma, con el debido asesoramiento y ayuda, si quieren optar a la recepción de los fondos”, destaca Cándido Pérez.
En este objetivo de disponer de premura y efectividad en la preparación del proyecto y la documentación, las empresas deben tener muy presentes los criterios de elegibilidad, sin los cuales el esfuerzo será en vano. Y es que todos los proyectos presentados deben demostrar a través de indicadores lo más concretos posibles, que tienen capacidad para responder a alguna de las 10 políticas palanca que establece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contribuir a los cuatro ámbitos que el Plan considera ejes transversales de la transformación de la economía española: sostenibilidad, digitalización y cohesión social, potenciar la competitividad de la economía española en el panorama internacional o crear empleo estable y de calidad.
Conforme los proyectos vayan recibiendo la aprobación, la canalización de los fondos se ejecutarán respetando la distribución de competencias de los diferentes niveles de gobierno y de acuerdo con las formas de gasto definidas en el ordenamiento jurídico de las Administraciones Públicas.
Por ello, será imprescindible impulsar la co-gobernanza con las Comunidades Autónomas a través de una nueva Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el órgano de cooperación con las Comunidades Autónomas para coordinar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, en la que participan las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda.
El objetivo es el de canalizar la gobernanza multinivel y establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación, incrementándose significativamente el uso de las herramientas de colaboración público-privada que existen actualmente para garantizar que se ejecuta el dinero que llega. Así, a falta de desarrollo parlamentario de la normativa de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “la colaboración público-privada debe constituir el principal elemento de transformación de nuestra actividad productiva”, subraya Cándido Pérez.
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