En los próximos diez años, las administraciones públicas deberán garantizar la calidad de vida de una población cada vez más longeva, con una pirámide demográfica invertida y agrupada en núcleos urbanos. Que además pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas ante la denominada ‘España vacía’. Y a la que se unen movimientos migratorios, más impredecibles desde el punto de vista estadístico pero que requieren la puesta en marcha de medidas para garantizar su inclusión en la sociedad.

La tendencia de la población a agruparse en torno a las ciudades no es nueva. Pero, lejos de que la conectividad que permiten las nuevas tecnologías frene las cifras, las previsiones apuntan a que se disparen. Según Naciones Unidas, para 2050 casi el 70% de la población mundial vivirá en núcleos urbanos. En el caso de España, las proyecciones del INE apuntan a que Madrid y Cataluña experimentarán el mayor crecimiento de población absoluto en los próximos 15 años, frente al decrecimiento de Castilla y León, Galicia y Asturias.

Como explica Cándido Pérez, socio responsable de Gobierno, Sanidad y Transporte de KPMG en España, “pese a que gracias a Internet y el desarrollo de la tecnología y telecomunicaciones nos permite trabajar a distancia, los trabajadores con perfiles comunes tienden a concentrarse en núcleos urbanos, especialmente en los polos de desarrollo”. Las megaciudades comienzan a dibujarse.

Para gestionar esta agrupación de población en espacios reducidos la estrategia y la visión de futuro son clave. Las ciudades deben preguntarse cómo quieren ser en el futuro, desarrollando una identidad y un propósito. Solo así atraerán al mejor talento e inversiones, aumentando con ello el crecimiento económico de la ciudad. Y administraciones públicas, sector privado y sociedad deben trabajar de forma conjunta para garantizar que esta visión compartida tenga lugar.

“Los responsables de la administración de una ciudad pueden permanecer en el cargo unos 10 años, pero sus decisiones pueden repercutir en los próximos 50 años de la ciudad”, advierte Cándido Pérez. Al cuestionar al sector por la influencia de las nuevas tecnologías, la respuesta es unánime: las decisiones de cara al futuro no las guían las máquinas sino las personas. Una Smart City será aquella que sepa dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, utilizando las nuevas herramientas y el análisis de datos para dar la respuesta más efectiva y eficiente.

“El concepto de ciudad inteligente tiene como objetivo que los ciudadanos gocen de una mejor calidad de vida”, explica Ovidio Turrado, socio responsable del sector Infraestructuras de KPMG en España. Una reconversión de los núcleos urbanos que “afectará a todas las áreas de la vida cotidiana” y que para el experto es “esencial que suceda en España”, aprovechando para ello el potencial de las nuevas tecnologías. “La mejora en la captación, el tratamiento y el análisis de los datos que generan las personas será de gran ayuda, no solo para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de las ciudades, sino también para obtener un mejor conocimiento de los hábitos de los ciudadanos y por tanto ser capaces de adaptar las infraestructuras a sus necesidades reales”, subraya.

Otra clave de cara al desarrollo de la estrategia es la sostenibilidad. Un concepto que ha evolucionado con el tiempo y que ya no solo recoge aspectos medioambientales, sociales y económicos. “También hay que dar respuesta a exigencias en torno a la cohesión social, la seguridad o la biodiversidad, entre otras”, recuerda Cándido Pérez. El objetivo 11 de la Agenda 2030 elaborada por Naciones Unidas exige políticas y medidas dirigidas a que “las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

Todo ello teniendo en cuenta que las ciudades, pese a ocupar una proporción menor del terreno, el 3% a nivel mundial, consumen en torno al 60% y 80% de energía total y representan el 75% de las emisiones de carbono. Lograr la descarbonización de la economía y una mayor eficiencia energética en las grandes ciudades se torna indispensable para cumplir los ambiciosos objetivos dibujados por la Unión Europea.

La tendencia imparable de agrupación y migración hacia las ciudades genera un efecto secundario obvio pero preocupante: la pérdida de población en las provincias y áreas rurales. Una cuestión que, pese a que se inició en la década de los años 50 con el denominado éxodo rural, se ha acrecentado notablemente en los últimos años pasando de una media de 380.000 migraciones anuales a superar las 600.000.

“La población tiende a agruparse en torno al lugar donde trabaja, es una tendencia histórica, el problema surge cuando no se adoptan una estrategia y política dirigidas a abordar una estructura propiamente agraria, con unos planes de urbanismo adecuados que permitan la capilaridad del territorio con el objetivo de o bien revertir o desacelerar este proceso”, sostiene Cándido Pérez.

Pese a la complejidad y el alcance de los retos para modificar esta tendencia, el experto apuesta por una estrategia de visión de largo plazo. “Estas poblaciones deben analizar qué tipo de industria con valor añadido pueden desarrollar, que no suponga una economía de subsistencia. Y por supuesto acompañarlo con unos servicios públicos equiparables, teniendo en cuenta que la tecnología puede ayudar en este proceso”, afirma.

La formación es clave para el desarrollo de estas poblaciones. Pese a que la oferta pública española en universidades se caracteriza por su distribución geográfica –no existe ninguna comunidad autónoma que no cuente con al menos una universidad pública-, los jóvenes formados continúan yéndose a las grandes urbes en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Por su parte, la Formación Profesional Dual continúa enfrentándose al reto de acompasar la oferta formativa con las necesidades de las compañías, ante lo que reclama una mayor flexibilidad y agilidad.

Para Cándido Pérez, la problemática de la pérdida de población cualificada en estas regiones es una de las prioridades a revertir. “Estas poblaciones emplean recursos en formar a jóvenes que acaban migrando a las grandes ciudades, por lo que es necesario desarrollar una estrategia de formación dirigida a actividades que se puedan desarrollar en la región. En lugar de apostar por carreras generalistas es importante fomentar la especialización y por la calidad del profesorado”, sostiene.

Por su parte, Ovidio Turrado recuerda que “las infraestructuras son un factor central en la cohesión y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones”. “Para mantener y desarrollar los núcleos rurales es esencial mejorar su conectividad con el resto del país”, advierte. Reconoce la complejidad del reto, y apunta que esta conectividad debe cubrir tanto la conexión física, “con las infraestructuras de transporte necesarias que permitan un acceso en tiempos razonables a las principales arterias de comunicación del país”, como a nivel digital, “con infraestructuras de telecomunicaciones y datos, que permitan la total conectividad de esas áreas con el resto del mundo. En este sentido, el desarrollo de redes 5G que lleguen hasta los núcleos rurales supone una excelente oportunidad de conseguir su necesaria integración digital”.

El socio responsable de Infraestructuras de KPMG en España incide en el “papel fundamental” que juega el sector privado en esta estrategia de cohesión. “Será la encargada de la ejecución de las mismas de la forma más eficiente y sostenible posible”. Sin embargo, advierte de la falta de rentabilidad de alguna de estas inversiones, por lo que es imprescindible “el apoyo de los Gobiernos centrales o regionales para el desarrollo de estas infraestructuras sobre la justificación de un beneficio social, más allá del puramente económico”.

El envejecimiento de la población y el progresivo giro de la pirámide demográfica como consecuencia del descenso de la natalidad y del incremento de la esperanza de vida suponen un reto que deberíamos enfrentar con aplicación de medidas estructurales de medio y largo plazo.

“Para 2050 se prevé una pirámide de población invertida y con una tasa de reemplazo estimada del 56,88% (algo más de un cotizante por cada dos pensionistas), lo que supone un reto  para la sostenibilidad del sistema público de pensiones que tenemos en España, un sistema financiero de reparto en el que las pensiones que recibe el colectivo actual de pensionistas se financian con las cotizaciones de la población que se encuentra trabajando”, advierte Álvaro Granado, responsable de Pensiones de KPMG Abogados.

Ante la creciente dificultad de mantener el nivel de las pensiones públicas actuales, con una tasa de sustitución media del 82%, que previsiblemente irá disminuyendo con la entrada en vigor de algunas de las reformas del sistema de pensiones, los expertos subrayan la importancia del trabajo conjunto de los tres pilares de previsión social, como base de nuestras futuras pensiones de jubilación.

En concreto, del desarrollo del segundo –los planes de jubilación colectivos promovidos por las empresas- y el tercero –el ahorro individual-. “Ante el futuro poco halagüeño de las pensiones en España, quizás parte de la solución pasaría por incrementar el escaso protagonismo actual del sector privado, para poder paliar parte de la merma que sin duda tendrán que sufrir nuestras pensiones de jubilación. La solución de nuestras pensiones tendrá que pasar, además de por la transparencia y la comunicación, por la coordinación y cohesión de los tres pilares de previsión social”, asegura Álvaro Granado.

El experto también apunta a la necesidad de acometer reformas en el actual sistema de pensiones “bajo consenso y con una visión de largo plazo, con un objetivo de estabilidad, en línea con el espíritu del pacto de Toledo”. A lo largo de los últimos años ya se han tomado medidas, como el aumento de la edad de jubilación y la restricción en las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, pero “puede no ser suficiente”. Otras posibles medidas pasarían por ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida, reformar el sistema público de pensiones con recursos adicionales fomentando el ahorro empresarial e individual e incluso llevar a cabo una reforma estructural del sistema.

De este modo, Cándido Pérez incide en la necesidad de “alcanzar un acuerdo con visión de futuro que aborde no solo la sostenibilidad en el sistema de pensiones, sino también la suficiencia en la cuantía de las pensiones”. “Las pensiones tienen que garantizar un nivel de vida adecuado para una población pensionista creciente, que para el año 2030 representará más del 25% de la población española”, concluye.