Llegaron al calor de los fondos europeos (Next Generation EU) y con una promesa bajo el brazo: reactivar la economía tras la pandemia del COVID-19 y, sobre todo, transformarla. Y es que los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) se convirtieron en el mecanismo de colaboración público-privada estrella para impulsar sectores clave de la economía española, financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE hasta el punto de que, a día de hoy, hay 12 proyectos estratégicos aprobados.
La última dotación de fondos se ha efectuado con motivo de la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo eléctrico, con una inversión de unos 1.200 millones de euros. El PERTE destinado a las energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento o el de microelectrónica y semiconductores movilizarán inversiones de 16.300 millones de euros y 12.250 millones de euros, respectivamente.
Se trata, por tanto, de proyectos de gran envergadura que suelen ejecutarse de forma plurianual y que, en ocasiones, se organizan en consorcios con diferentes entidades y compañías de diferentes tamaños.
Sin embargo, una vez concedidas las ayudas, es necesario seguir realizando un seguimiento regular del estado de las solicitudes, dar respuesta a los diferentes requerimientos recibidos en caso de aplicación y, como último paso, elaborar y recopilar la documentación y evidencias requeridas por el organismo concedente para poder justificar la consecución del proyecto de acuerdo con la solicitud realizada.
Actualmente, los distintos beneficiarios de estas ayudas se encuentran en fase de ejecución de los distintos proyectos (con distinto grado de avance). Algunos ya están a punto de iniciar el proceso de justificación de los citados proyectos, por lo que deberán justificar las ayudas recibidas documentando el uso adecuado de los fondos para evitar la devolución de los mismos, la pérdida de confianza por parte de las autoridades, inversores o socios, y en último extremo, el posible riesgo reputacional a nivel público.
En este contexto, cada vez son más las entidades receptoras de estos fondos que están anticipando e incrementando sus controles de seguimiento y supervisión tanto desde el punto de vista de la ejecución técnica de los proyectos como del cumplimiento de los hitos financieros. El objetivo es mitigar cualquier riesgo en la fase final de justificación, y disponer en todo momento de la información necesaria para la toma de decisiones.
Por ello, y a diferencia de cualquier otro tipo de financiación que siempre ha estado presente en nuestro entorno económico, se hace necesario establecer una serie de mecanismos específicos que permitan monitorizar todo el proceso de justificación desde antes de la finalización del proyecto y, de esta forma, incrementar el aseguramiento de alcanzar el objetivo de una adecuada justificación con la que se consiga el máximo importe elegible a justificar, sin duda un objetivo común tanto para los perceptores de las ayudas como para los propios concedentes.
En paralelo, entre los compromisos que asumen las compañías receptoras de estos fondos se encuentra la presentación del informe de auditor para el control de la justificación de los gastos del proyecto financiado (informe de revisión de cuenta justificativa) emitido por un auditor externo inscrito en el ROAC. En el marco de esta actuación, toma especial relevancia las distintas comprobaciones de auditoría que se hacen necesarias acometer con carácter previo a las propias tareas que conforman la emisión del citado informe y que, como hemos avanzado, este tipo de ayudas requieren por su impacto y ejecución plurianual.
Principalmente por esto último y que, como cualquier otra auditoría, requerirá fases de revisión interinas periódicas con carácter previo en función de su importe y duración.
Así, una actuación previa y anticipada de auditoría por parte de las entidades beneficiarias les permitirá alinearse en todo momento a la normativa de aplicación y, por consiguiente, garantizar un seguimiento adecuado del proyecto, anticipándose a aquellas circunstancias susceptibles de subsanación durante el plazo de ejecución, y adoptando las medidas necesarias.
Y, en todo este proceso, es imprescindible integrar la explotación del dato con modelos de machine learning y soluciones RPA que acompañen el proceso de auditoría. También el establecimiento de cuadros de mandos de seguimiento, si realmente se quiere disponer de una visión global de la justificación del proyecto en todo momento.
En conclusión, el principal reto al que se enfrentan los beneficiarios de estas ayudas es poder justificar adecuadamente y en plazo la totalidad del importe subvencionable del proyecto para evitar cualquier incumplimiento o reintegro de los fondos recibidos. Para lograrlo, un elemento clave y necesario es poder comenzar la auditoría con anterioridad a la fase de justificación del proyecto.
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