Ya no hay dudas de que el impacto económico generado por la COVID-19 será muy negativo. Las mejores previsiones estiman para España una caída del 8% del PIB en 2020. Una vez prácticamente descartada la recuperación en forma de V, los analistas no prevén una recuperación de los indicadores económicos pre-COVID hasta bien entrado el 2022.
El mayor agravante de la crisis en España es, sin duda, su alta exposición en los sectores de automoción, turismo y servicios como la restauración y el comercio, que están siendo los más afectados por la pandemia. Aunque los indicadores económicos recientes anuncian una recuperación y que lo peor de la crisis ya ha pasado, todavía queda un largo camino repleto de dudas e incertidumbres acerca de la recuperación económica debido a diversos factores. Por un lado, el efecto anestésico de la fuente de liquidez en el mercado, el cual no permite ver la profundidad de la crisis. Por otro lado, la incertidumbre generada tanto por los últimos rebrotes a nivel global como por la ausencia de una vacuna o tratamiento altamente efectivo que no se espera obtener, como mínimo, hasta el primer trimestre de 2021.
Las medidas aprobadas por el ejecutivo español en materia de Ley Concursal, así como de inyección de liquidez en el sistema a través de las líneas ICO, están permitiendo salvaguardar la supervivencia en el corto plazo de muchas compañías, aunque creemos que una gran cantidad de ellas se verán abocadas a renegociar con sus acreedores y entidades financieras para buscar una solución a sus tensiones de liquidez actuales y futuras. No obstante, el papel de los bancos en la actual crisis provocada por el COVID-19 es radicalmente distinto a la crisis financiera de 2008 al presentar, en el contexto actual, una situación de liquidez que les permite dar apoyo a las empresas y por tanto contribuir a solventar la situación.
La solución ofrecida a las compañías a través del endeudamiento avalado por el ICO otorgado por las entidades financieras está provocando un incremento significativo de la presión financiera, tanto por el servicio de la deuda como por el coste financiero, dejando en una situación muy complicada a las compañías en situación de distress o stress financiero antes de la COVID-19, incrementando a su vez el número de insolvencias y presentaciones de concursos voluntarios de acreedores. En este sentido, a cierre de junio de 2020 han sido 435 las empresas que han presentado concurso de acreedores, multiplicando por tres el registro de mayo y superando el mismo dato del año 2019.
Desde la aprobación definitiva de las líneas de avales ICO por el Estado, los equipos de Restructuring y de KPMG Abogados han asesorado a un gran número de compañías. Lo han hecho en la reorganización de su deuda, en la revisión de la tesorería a corto y medio plazo y en la negociación con proveedores y entidades financieras con el fin de mejorar las condiciones de la financiación o de obtener nueva, tanto en forma de préstamos amortizables como en líneas de circulante con garantía ICO. Sin duda, la incertidumbre y la compleja recuperación económica en la era post-COVID han enfocado a las compañías hacia la preservación de la liquidez, la obtención de financiación de circulante y la búsqueda de financiación alternativa con estructuras más flexibles que la deuda tradicional.
Pero en el contexto actual también existen oportunidades. El negocio de la financiación alternativa, que ya venía ganando peso en España en los últimos años, se ha acelerado y numerosos fondos de deuda buscan realizar inversiones en nuestro país. Asimismo, el nuevo contexto económico también ofrece oportunidades a compañías cuya estructura de capital y niveles de apalancamiento fueran sostenibles antes de la pandemia, al darles una ventaja competitiva y una gran oportunidad de adquisición de competidores o empresas complementarias en situaciones de distress y permitiendo descuentos sobre la deuda de esas compañías.
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