Crecimiento, Presupuestos y Estado del Bienestar

Los Presupuestos Generales son la concreción anual de la actividad financiera del Estado para cada ejercicio. Por su extensión, profundidad y complejidad documental, muchas veces su análisis se limita a las valoraciones de urgencia y a los mensajes elaborados por los principales interlocutores sociales. Sin embargo, para su correcto entendimiento, aunque sea en este breve texto, es esencial considerar algunos aspectos de nuestra realidad económica.

Es posible que cuando los españoles ingresamos en el euro con un alto grado de consenso político y social, no hubiésemos sido capaces de efectuar un análisis prospectivo de las nuevas condiciones en las que se iba a desenvolver la economía española. En un modelo con política monetaria definida por el BCE, la economía española, abierta e insuficiente desde el punto de vista de la demanda interna, precisa de una evolución favorable y permanente de su competitividad para garantizar un crecimiento sano. Que los fundamentales de la economía evolucionen de un modo equilibrado y positivo es imprescindible también para dotarnos de fases fiscales robustas que nos permitan mantener nuestro Estado del Bienestar.

En esta legislatura próxima a finalizar, el Gobierno ha elaborado y ejecutado cuatro presupuestos donde la consolidación fiscal ha sido el hilo conductor de la política presupuestaria. La reducción del déficit ha sido muy relevante, no obstante lo cual seguimos en el pódium de países con mayor desequilibrio presupuestario tanto dentro de la Unión Monetaria como de la Unión Europea. La senda de consolidación conducirá a un sector público más reducido en tamaño que la mayoría de los países de la UE con los que hemos de compararnos. Al final del Programa, nuestro sector público representará un 38,5% del PIB, en torno a 9 puntos porcentuales menos que la media de la zona euro actualmente. Continúa siendo relevante el menor rendimiento de nuestras bases fiscales respecto a las de nuestros vecinos.

Por el lado del gasto hemos de continuar el proceso de avance en la mejora de la eficiencia de la Administración Pública. Dentro del amplio programa de reformas aprobadas por el Gobierno, se han abordado reformas parciales de determinados aspectos del funcionamiento de la Administración, aunque aún queda margen para que la productividad de las organizaciones públicas mejore en relación con el resto de sectores. Ganar eficiencia en la Administración nos permitirá disfrutar de un mejor stock de servicios públicos y garantizar su sostenibilidad. Durante los últimos años, la economía española ha ganado competitividad de un modo muy relevante. Sobre esta base, hemos iniciado una recuperación económica que procurará mayores ingresos y la contención del crecimiento del gasto social necesario para mitigar los efectos de la crisis en la sociedad. Dicho esto, sigue siendo imprescindible que mejore la utilidad de los recursos públicos disponibles para cumplir con nuestros objetivos como sociedad.

Aunque sólo es un aspecto parcial de la composición cualitativa del presupuesto, durante la crisis nuestro país ha incrementado el esfuerzo presupuestario destinado a prestaciones sociales, desde niveles algo superiores al 11% del PIB en los años de crecimiento de la pasada década, al entorno del 15% en 2010 y 2011, y superior al 16% desde 2012 hasta 2014. Si bien esta tendencia es similar a la de la mayoría de los socios de la UE, con la excepción de Alemania, sólo nos hemos acercado al nivel de los países con un mayor desarrollo del Estado del Bienestar. Éste es un ejemplo de cómo, durante los años de la crisis, aunque muchos ciudadanos han sufrido sus consecuencias, la inmensa mayoría de los españoles han contribuido con sus impuestos a financiar los servicios y prestaciones públicos necesarios para mitigar sus efectos. Cuando se analizan las políticas de gasto que se financian con los créditos consignados en los Prespuestos, se tiene visibilidad sobre el conjunto de la actuación de la Administración Pública.

El debate presupuestario, quizá en esta ocasión aún más mediatizado por la proximidad de la celebración de las elecciones generales, debería contemplar los aspectos estratégicos relativos a dimensión, fiscalidad, eficiencia, equidad, impacto social, transparencia y objetivos de la actividad financiera del sector público.

Autor: Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Sector Público de KPMG en España.

Fuente: El Mundo. Publicado el 1 de agosto de 2015