La CNMC arroja visibilidad sobre el flujo inverso
El flujo inverso es la posibilidad de que una parte del gas circule en sentido contrario al habitual para canalizar…
3 febrero, 2026
5 min
El pasado mes de marzo, la Comisión Europea presentó un nuevo paquete de iniciativas orientado a reforzar la independencia energética de la Unión. Esta actuación responde a un contexto geopolítico complejo, caracterizado por una elevada volatilidad de los precios energéticos, que refleja la persistente dependencia europea de los combustibles fósiles importados.
La Estrategia tiene como objetivo movilizar capital privado hacia proyectos energéticos estratégicos y cerrar la brecha existente entre los recursos financieros disponibles y las inversiones necesarias para avanzar en la transición energética. Para ello, se plantea una combinación de medidas destinadas a reducir el riesgo de los proyectos y a canalizar financiación hacia ámbitos clave como las redes eléctricas, las tecnologías innovadoras y los programas de eficiencia energética.
El mensaje central es que existe capital privado suficiente, pero que este no está llegando con la rapidez ni el volumen necesarios al conjunto de proyectos energéticos europeos. Por eso la Estrategia se centra en mejorar el enlace entre proyectos y financiación, usando fondos públicos de manera estratégica para reducir riesgos y atraer inversión privada, sin sustituirla.
El reto es significativo si se pretende garantizar un suministro energético asequible, eficiente y limpio. La Comisión estima que será necesario alcanzar niveles de inversión del orden de 660.000 millones de euros anuales entre 2026 y 2030, y de 695.000 millones de euros anuales entre 2031 y 2040, frente a un promedio anual de 240.000 millones de euros en el período 2011‑2021. Estas inversiones se concentran en tres grandes bloques: la oferta (generación), la demanda (eficiencia energética) y la infraestructura (redes).
La Comisión identifica que, para movilizar inversión a gran escala, es necesario combinar adecuadamente unas condiciones de inversión favorables con mecanismos financieros eficaces que permitan convertir los proyectos en activos financiables.
La primera barrera para la inversión es la lentitud y complejidad en permisos y conexión a red, ya que estos son largos, complejos y poco predecibles, lo que retrasa el inicio de los proyectos y reduce su atractivo financiero.
A esta dificultad se suma la fragmentación regulatoria y de mercado existente entre los Estados miembros. Persisten diferencias en estándares técnicos, marcos regulatorios y prácticas de planificación, e incluso dentro de un mismo país, lo que limita la eficiencia del mercado interior y dificulta la creación de carteras de proyectos homogéneas capaces de atraer grandes volúmenes de capital privado.
Además, muchas inversiones — especialmente en redes, flexibilidad del sistema o eficiencia energética — generan beneficios para el conjunto del sistema eléctrico, como una mayor seguridad de suministro o una mejor integración de renovables, pero estos beneficios no siempre se trasladan a ingresos claros y predecibles para el inversor.
La Comisión observa que, en ciertos sectores, el crecimiento de la inversión se está ralentizando o incluso revirtiendo, a pesar de los objetivos climáticos establecidos. Este hecho refuerza la idea de que el principal problema no es la falta de capital disponible, sino la ausencia de condiciones adecuadas para movilizarlo de forma eficiente.
Por último, destaca la Comisión que existe un desajuste estructural entre el volumen de inversión requerido y la capacidad de financiación directa del sector público. Esta circunstancia obliga a que los fondos públicos se utilicen como un catalizador de la inversión privada y no como su principal fuente, mediante instrumentos financieros que reduzcan el riesgo y mejoren la rentabilidad ajustada al riesgo de los proyectos.
La Estrategia ha sido diseñada específicamente para movilizar capital privado mediante medidas orientadas a la reducción de riesgos, apoyadas en el uso estratégico de fondos públicos. En este contexto, la Comisión ejecutará la Estrategia en estrecha colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que prevé aportar más de 75.000 millones de euros de financiación durante los próximos tres años en apoyo a los objetivos de la transición energética.
De esta cantidad, hasta 500 millones de euros se destinarán al Fondo de Inversión en Infraestructuras Estratégicas, con el fin de impulsar proyectos clave en el desarrollo de las redes eléctricas europeas.
Para dar respuesta a las barreras que actualmente frenan la inversión en la transición energética, la Estrategia se articula en cuatro acciones complementarias, orientadas a reforzar la financiación de las redes, facilitar el acceso al crédito, reducir los riesgos asociados a tecnologías clave y mejorar la alineación entre las políticas públicas y los inversores.
La transición energética exige una expansión y modernización masiva de las redes eléctricas. El objetivo de esta acción es permitir que los operadores de transporte (TSOs) y de distribución (DSOs) puedan afrontar estas inversiones sin deteriorar su solvencia ni encarecer su financiación. Para ello, se proponen los siguientes instrumentos:
Se trata de una plataforma de coinversión en capital (equity) para proyectos de infraestructuras energéticas críticas. El BEI actúa como inversor ancla, aportando capital inicial que reduce el riesgo percibido y atrae a fondos privados de infraestructuras. Este instrumento está pensado para proyectos viables que no alcanzan su cierre financiero por falta de recursos propios suficientes.
Permite transformar ingresos regulados futuros en liquidez inmediata, mediante estructuras de titulización. Esto facilita financiar inversiones fuera de balance, reduce el riesgo de refinanciación y baja el coste medio del capital, manteniendo la propiedad pública de las redes. Es especialmente relevante para alinear la financiación con la larga vida útil de los activos de red.
Instrumentos tratados parcialmente como capital propio. La participación del BEI como inversor ancla refuerza la confianza del mercado, mejora los ratios financieros del operador y permite aumentar la capacidad inversora sin incrementar deuda convencional.
El objetivo de esta acción es aumentar el volumen de crédito disponible para las redes eléctricas y asegurar que los operadores de menor tamaño, especialmente los DSOs, no queden excluidos del acceso a financiación por falta de escala, historial o capacidad financiera y sin depender directamente de subsidios o presupuestos nacionales. Para esto se proponen dos vías principales:
La titularización de carteras de préstamos bancarios, mediante la titulización de préstamos ya concedidos a operadores energéticos, los bancos pueden liberar capacidad en sus balances y utilizarla para conceder nuevos préstamos. De este modo, se amplía el crédito disponible sin necesidad de recurrir directamente a subvenciones públicas, al tiempo que se atrae capital institucional hacia activos energéticos.
Y la financiación inmediata y refuerzo de la banca local. Reconociendo la elevada fragmentación del sector de distribución eléctrica, la Estrategia impulsa el papel de bancos regionales y locales como canalizadores de financiación hacia DSOs pequeños. En este contexto, el BEI escala la iniciativa “Growth for Energy”, mediante la cual cubre parte del riesgo asumido por los bancos comerciales en préstamos a proyectos energéticos elegibles y adaptando los instrumentos a las particularidades de cada Estado miembro.
Una parte esencial de la descarbonización europea depende de tecnologías aún no maduras o con perfiles de riesgo elevados, así como de la expansión de la eficiencia energética, que no reciben un volumen de inversión acorde a su potencial y a su valor para el sistema energético. El objetivo de esta acción es hacer financiables estas inversiones, acelerando su despliegue. Para ello se propone:
Se movilizan instrumentos de venture debt, capital riesgo y fondos especializados, elegibles bajo InvestEU, para tecnologías innovadoras, incluyendo almacenamiento de larga duración, eólica flotante, solar flotante, energías oceánicas, captura y almacenamiento de carbono o geotermia avanzada, así como para la expansión de tecnologías ya maduras a nuevos mercados específicos. Este apoyo se complementa con subvenciones de programas como Horizon Europe e Innovation Fund, y con medidas para reducir riesgos asociados a la dependencia de proveedores críticos y a la ciberseguridad.
Se trata de instrumentos financieros orientados a reducir los riesgos tecnológicos y de despliegue de los reactores modulares pequeños y avanzados, en línea con la estrategia europea de SMR. Incluye el apoyo al desarrollo de la cadena de valor y del ciclo de combustible, mediante productos financieros del BEI compatibles con el marco europeo.
Es un fondo cofinanciado y de gestión privada destinado a facilitar el escalado de empresas que desarrollan tecnologías energéticas innovadoras (cleantech) y de alto contenido tecnológico (deeptech), cerrando la brecha de financiación entre la fase de demostración y la comercialización, y atrayendo inversión privada hacia tecnologías disruptivas con alto potencial de crecimiento.
Se consolidan los instrumentos financieros destinados a eficiencia energética, ampliando las garantías de InvestEU para facilitar el acceso a financiación, especialmente para pymes. Asimismo, en 2026 se lanzará un piloto para impulsar modelos de “energy efficiency as a service”, con el objetivo de apalancar hasta 500 millones de euros de financiación, y se promoverá la agregación de proyectos (incluida calefacción y refrigeración) para mejorar su acceso a los mercados de capitales y escalar este tipo de inversiones.
Se propone que la Comisión facilite intercambio de información y cooperación para orientar prioridades comunes, optimizar recursos, evitar duplicidades en I+D y proyectos transfronterizos, y promover cooperación y pilotos.
El objetivo de esta acción es aumentar la previsibilidad y la confianza del mercado, asegurando que las políticas y los instrumentos financieros europeos respondan a las necesidades reales de los inversores a largo plazo. Para ello, se contempla la creación de un Consejo de Inversión en la Transición Energética, que actuará como un foro permanente de diálogo entre inversores institucionales, entidades financieras, Estados miembro, la Comisión Europea y el BEI. Adicionalmente, se contará con un subgrupo de bancos públicos e instituciones financieras.
La Estrategia concluye que invertir en la transición energética es invertir en la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad de la Unión Europea, y que la magnitud del reto inversor exige movilizar capital privado a gran escala con el apoyo estratégico de los fondos públicos. Asimismo, señala que la Unión Europea cuenta con un marco regulatorio sólido y predecible, que se verá reforzado en los próximos años, y fija como siguientes pasos la elaboración de una evaluación específica de las necesidades del sistema energético para la transición limpia (ENACT, por sus siglas en inglés) y la presentación del paquete legislativo energético y climático post‑2030 en el cuarto trimestre de 2026.
Además, subraya la necesidad de que los futuros Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima distingan claramente entre financiación pública y oportunidades de inversión privada, identifica el Marco Financiero Plurianual 2028‑2034 y los esquemas nacionales como palancas clave para atraer capital privado, y establece el Energy Transition Investment Council como el principal mecanismo de seguimiento y diálogo con los inversores, con el BEI como socio central en la implementación de la Estrategia y el refuerzo del programa InvestEU para operaciones de mayor riesgo.
Con el desarrollo de esta Estrategia, a la vez que la Comisión Europea plantea una hoja de ruta clara para la consecución de los objetivos previstos en materia de transición energética, reafirma la idea de que la involucración y liderazgo del capital privado, apalancado en los capitales públicos que prevé disponer la Comisión, será fundamental para acometer los objetivos energéticos y climáticos establecidos.
Esto presenta una oportunidad excepcional para los agentes cuyos objetivos de inversión radiquen en el ámbito de las redes, los negocios energéticos regulados, los nuevos desarrollos renovables, así como las nuevas tecnologías y las actuaciones de eficiencia energética. Para aprovecharlas con garantías, será fundamental que cada uno de los agentes establezca su hoja de ruta particular, identificando con previsión suficiente aquellos mercados, tecnologías y negocios en los que pretende incrementar su cartera.
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