La soberanía digital ha dejado de ser un eslogan para convertirse en una agenda de ejecución. Una agenda que combina políticas europeas, inversión pública, estándares de confianza y decisiones tecnológicas pragmáticas. En este contexto, las administraciones públicas avanzan hacia enfoques operativos que les permitan identificar y priorizar datos y cargas críticas, adoptar diferentes niveles de soberanía en la nube en función del grado de criticidad, medir la madurez y acelerar capacidades con herramientas y alianzas adecuadas.
Y es que, el objetivo de la Unión Europea de lograr la soberanía digital es el de conseguir una autonomía estratégica en el ámbito digital mediante el control de sus propios datos y el uso de tecnología e infraestructura propias, reduciendo así la dependencia de entidades extranjeras.
Impulsada por la preocupación recurrente de la influencia de las empresas tecnológicas no pertenecientes a la UE y las amenazas a la privacidad de los datos, implica fomentar la innovación europea, establecer un mercado único de datos mediante iniciativas como los Espacios Europeos de Datos, así como aplicar de forma eficiente y con pragmatismo la legislación de la UE.
Por último, entre los aspectos clave de esta agenda destacan el desarrollo de una infraestructura de nube soberana europea, la promoción de las competencias digitales y la aplicación de las normas de gobernanza de datos y la ética de la IA.
Europa ha avanzado en regulación e inversión digital, pero la concentración de poder tecnológico y las dependencias estructurales (hiperescaladores, stacks cerrados, cadenas de suministro, talento) exigen una respuesta más operativa. En el sector público, esto se traduce en tres tensiones:
En definitiva, el sector público se enfrenta a factores “push” y “pull” que también observamos en el mercado europeo. Desde el lado push se fomenta la inversión pública estratégica, los espacios de datos comunes, el refuerzo de capacidades e infraestructura y se producen reformas de compra pública. Por su parte en el lado pull nos enfrentamos a una complejidad contractual y de integración, brechas de talento y madurez desigual entre los diferentes Estados miembros.
En paralelo, la Unión Europea ha desplegado un andamiaje normativo y de programas que, en conjunto, orientan hacia la consecución de la soberanía digital:
Asimismo, existe una oportunidad de financiación relevante: el programa Europa DIGITAL, Horizon Europe, CEF, iniciativas del Digital Decade y presupuestos nacionales dedicados a transformación digital y, en algunos casos, incluso a soberanía per se. Para el sector público, esto significa apalancar fondos para acelerar capacidades críticas, pero se deben conseguir métricas de impacto reales, a ser posible en corto periodo de tiempo y con trazabilidad regulatoria desde el diseño.
Con todo ello, podemos determinar que la soberanía digital no es un absoluto: es un conjunto de grados de control y aseguramiento sobre infraestructura, tecnología, datos y gobernanza:
En base a estas dimensiones, es clave desarrollar un marco de trabajo que permita identificar el diagnóstico, la madurez y el nivel de criticidad en cada organización:

El objetivo es evolucionar desde un catálogo de servicios hacia un roadmap de transformación y aseguramiento, que conecte criticidad, madurez y objetivos de control. Este enfoque se articula en cuatro pasos:
No todo requiere el máximo grado de soberanía. Clasificar datos, cargas y procesos (por ejemplo, servicios críticos de hacienda, sanidad, justicia, seguridad vs. portales transaccionales estándar) permite asignar niveles objetivo por cada dominio.
Aplicar un marco de madurez común que cubra las dimensiones de computación/infraestructura, tecnología, datos y gobernanza. Para cada subdimensión, definir controles, evidencias y métricas que distingan entre estados Expuesto → Vulnerable → Resiliente → Endurecido → Soberano & Asegurado. Esto hace visible el gap y orienta las estrategias e inversiones.
Con los gaps identificados, se deben priorizar iniciativas: residencia y cifrado de datos críticos, despliegue de claves externas (HYOK/BYOK), segmentación de cargas, adopción de estándares y certificaciones, acuerdos marco con cláusulas de salida (exit) y trazabilidad de cadena de suministro.
Finalmente, resulta fundamental definir métricas y auditorías continuas para verificar la eficacia de los controles.
En definitiva, la soberanía digital no implica aislamiento. Implica capacidad de decidir y demostrar control sobre lo que es crítico, con portabilidad real y assurance continuo. Para el sector público, es la base de servicios confiables, resilientes y alineados con valores europeos.
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