Disputas tecnológicas en el ámbito empresarial: ¿cuál es el precio del progreso?

En el proceso judicial, el perito se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts 335 y ss.) como experto independiente encargado de aportar al tribunal conocimientos técnicos especializados. En arbitraje, su rol se asienta en reglamentos institucionales como el de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI o el Reglamento de la CIMA, que prevén informes y testificales de expertos.

A diferencia de otras áreas periciales, en el ámbito tecnológico la complejidad aumenta debido a la constante evolución de sistemas, arquitecturas y metodologías de desarrollo, lo que incrementa la necesidad de una traducción clara, objetiva y verificable de los hechos técnicos, ya que, además, los estándares pueden cambiar rápidamente,

Por ello, cada informe requiere contextualización temporal, evitando evaluaciones retrospectivas desde criterios actuales. Y, sobre todo, el perito debe demostrar independencia y objetividad —para conferir fuerza probatoria al informe—, capacidad de comunicación escrita y oral, y rigor metodológico basado en técnicas reconocidas y auditables.

¿Cuáles son los ámbitos o tipología de disputas más frecuentes?

• Conflictos contractuales en proyectos de TI (implementaciones de ERP, fallos en integraciones, incumplimiento de niveles de servicio, etc.). Un ejemplo frecuente de este tipo de disputas es la determinación de responsabilidades en los retrasos y aumento de costes en proyectos de implantación, analizando si dicho fracaso proviene de incumplimientos del proveedor o de una gestión deficiente por parte del cliente.Cualquier desajuste o limitación técnica entre lo establecido inicialmente y el producto final puede desencadenar una  sucesión de cambios de alcance que originen retrasos en el proyecto, sobrecostes, una pérdida de confianza en la adopción de la tecnología por parte de los usuarios y, en definitiva, el impacto directo en la consecución de los objetivos determinados por todas las partes.
• Incumplimiento de niveles de servicio: Del inglés, Service Level Agreement (y comúnmente conocidos como SLAs), constituyen otro elemento habitual de discordia, toda vez que establecen compromisos específicos sobre tiempos de respuesta, disponibilidad y calidad del servicio. El incumplimiento de estos acuerdos lleva implícito consecuencias significativas como penalizaciones económicas, daño reputacional y, en última instancia, la resolución del acuerdo comercial. El reto en muchas ocasiones radica en poder disponer de las evidencias que demuestren que dichos acuerdos han sido o no cumplidos.
• Disputas de Propiedad intelectual sobre software, algoritmos, bases de datos o diseños digitales. El acceso no autorizado y apropiación ilícita de activos digitales de una compañía como el código fuente del producto que comercializa, su estructura, lógica, algoritmos, patrones de diseño u otros componentes técnicos de relevancia, puede suponer la exposición de información sensible que ocasione un impacto competitivo y daños irreparables en su reputación corporativa.

• Ciberseguridad y fraude digital, donde es necesario analizar incidentes, rastrear intrusiones o verificar la autenticidad de evidencias electrónicas. El marco normativo, en constante evolución y una sociedad cada vez más digitalizada está generando un volumen significativo de reclamaciones tanto en la jurisdicción civil y mercantil como en el ámbito penal y sancionador-administrativo. Tanto es así que, según datos de INCIBE, más de un tercio de los incidentes de ciberseguridad gestionados en 2024 estuvieron relacionados con fraudes online, convirtiéndola en la principal causa de incidentes notificados. En paralelo, la Memoria de la Fiscalía General del Estado (2023) refleja que las estafas informáticas han crecido un 72% en los últimos cinco años.
• Competencia desleal y secreto empresarial, llevando a cabo una reconstrucción de los hechos y evaluando si existió copia, uso indebido o fuga de información sensible de la compañía, así como su uso posterior. Los principales retos en estos casos residen en la identificación precisa de los activos, la acreditación de las medidas de protección sobre estos, la trazabilidad para la demostración de su uso indebido, así como la cuantificación, en su caso, del daño causado.
• Cumplimiento normativo y protección de datos, donde el perito puede ayudar a determinar responsabilidad ante brechas o malas prácticas, así como delimitar el perímetro e información afectada. En estos casos, es habitual que el debate gire en torno a si la empresa que ha sufrido una brecha de seguridad había aplicado medidas “adecuadas” de responsabilidad proactiva en materia de seguridad y privacidad de la información, así como de diligencia activa tras la identificación de la potencial brecha. Este análisis debe basarse en estándares y marcos relevantes en este ámbito tales como la ISO 27001, NIST, ENS o GDPR así como otros estándares específicos sectoriales.

Tendencias y retos futuros

Con todo ello, tres vectores marcan el futuro de la pericia en disputas tecnológicas:

• Inteligencia Artificial y decisiones automatizadas: Se prevén litigios sobre responsabilidad por sesgos algorítmicos o por daños derivados por sistemas autónomos. Los peritos deberán explicar la lógica y límites de modelos de IA, todo un desafío, dada su complejidad y carácter opaco.
• Evidencia digital y cadena de custodia: la proliferación de pruebas basadas en logs, metadatos y trazas electrónicas exige protocolos estrictos de conservación y validación para asegurar admisibilidad procesal.
• Arbitraje Internacional y multi-jurisdicción: en disputas tecnológicas transnacionales, los peritos no solo deben conocer marcos normativos como el RGPD europeo o el Cloud Act estadounidense, sino también aportar informes comparativos que orienten a los tribunales arbitrales en contextos heterogéneos.

Así, las disputas tecnológicas en el ámbito empresarial reflejan los retos inherentes al dinamismo evolutivo que desafía constantemente la capacidad de adaptación de las organizaciones y sus proveedores. En este contexto, los peritos no solo son necesarios para resolver disputas, sino también resultan figuras claves para un enfoque proactivo que sirva para anticipar conflictos potenciales y establecer marcos de responsabilidad adecuadamente definidos que permitan, no solo mitigar riesgos, sino también capitalizar las oportunidades que surgen en un entorno cada vez más interconectado y competitivo.