El sistema público de pensiones de España, diseñado e implantado durante la década del 60, se creó pensando en la Seguridad Social como el único pilar para sostener las futuras jubilaciones. Eran otros tiempos caracterizados desde el punto de vista demográfico por una tendencia creciente en la natalidad y una esperanza de vida inferior a la actual. Hoy, un sistema de pensiones adaptado a los tiempos actuales debe sostenerse en 3 pilares: el sistema público, como pilar principal de nuestra futura pensión, el pilar 2 o ahorro colectivo promovido por las empresas, asociaciones o sectores económicos y el pilar 3, formado por el ahorro individual.
La evolución demográfica y económica ha provocado, entre otras cosas, que se hayan aplicado múltiples reformas en la Seguridad Social cuyo principal objetivo ha sido la adaptación de nuestro sistema público de pensiones a la realidad de cada momento, sin perder de vista la proyección futura de lo que podría ser la situación económica y demográfica de España. Todas ellas, ocasionadas por el envejecimiento progresivo de la población, la necesidad de incorporación de los cambios producidos en el mercado laboral y, principalmente, la sostenibilidad financiera del sistema.
Entre 1985, cuando se produjo la primera gran reforma y el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023, hemos tenido cambios legislativos en los años, 1997, 2002, 2011 y 2013 que han supuesto principalmente cambios en el periodo de cómputo de la pensión de jubilación, requisitos para tener acceso a la pensión, el Pacto de Toledo, el índice de revalorización de las pensiones, la edad de jubilación, adaptación del importe de la pensión a la esperanza de vida mediante el factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor, etc. En general, se trata de medidas que, aunque planteadas para garantizar la sostenibilidad del sistema, no han podido absorber el tremendo impacto derivado, entre otros factores, del envejecimiento poblacional. Además, los ciclos económicos y eventos como la crisis sanitaria derivada del COVID 19, no han sido aliados del sistema público de pensiones. Hasta la última reforma de 2021, los cambios introducidos en la regulación de las pensiones no habían contemplado reformas importantes en la previsión social complementaria de los pilares 2 y 3.
Llegamos al año 2021 en el que se plantea una nueva reforma que se incorpora a nuestra normativa en 2 fases, entre 2021 y 2023. La nueva Seguridad Social afronta el reto de las pensiones de la generación “baby boom” que se va incorporando de forma progresiva al colectivo de pensionistas, en creciente evolución. De forma muy sintética, se podría decir que el sistema público de pensiones, con la aplicación de las nuevas medidas, ha apostado por la toma de medidas encaminadas a aumentar los ingresos de la Seguridad Social y el mantenimiento de la suficiencia de las pensiones, buscando entre otras cosas la prolongación de la vida laboral y la compatibilidad de la actividad laboral y la jubilación. Además, se ha incorporado en este periodo, en el año 2022, la reforma para el impulso de los planes de pensiones de empleo (pilar 2), como aliado necesario de la Seguridad Social. Se trata de un aspecto importante, por haber abordado esta última reforma tanto aspectos relativos a las pensiones públicas como a las privadas.
Sin embargo, seguimos contando en España con un sistema de pensiones cimentado en base a la realidad del siglo XX, principalmente, por seguir teniendo un sistema financiero de reparto, al que la creciente proporción entre pensionistas y cotizantes, junto a otras variables como la relación entre salarios y pensiones, podría poner en cuestión la sostenibilidad en el largo plazo y en los términos actuales, del sistema público de pensiones. Por ello, con el fin de poder disponer de un sistema de pensiones robusto y suficiente, formado por los 3 pilares, sería necesario, además de la incorporación de medidas adicionales que puedan implicar ajustes en las futuras pensiones de la Seguridad Social, crear nuevos incentivos para el impulso necesario de los pilares 2 y 3, como aliados imprescindibles de la Seguridad Social.
El VIII Estudio de mercado elaborado por KPMG Abogados sobre la situación de las pensiones de España, a partir de una muestra de 529 empresas que representan a todos los sectores de nuestra economía, nos da algunas pistas sobre la situación del sistema complementario de pensiones y la posible tendencia, así como claves para conseguir el crecimiento del ahorro privado. En el estudio se pone de manifiesto el escaso desarrollo en España de la previsión social complementaria y de las dudas que plantea nuestro sistema público de pensiones cuyos datos reflejan un sistema deficitario y con una deuda que, según la información publicada por el Banco de España, ascendía en noviembre de 2024 a 126.000 millones de euros.
En España, solo un 27% de las empresas ofrece planes de jubilación a sus trabajadores. Dato que no refleja información de las PYMES por no formar parte de la muestra del Estudio. Pero, incorporando estas compañías, el dato sería obviamente significativamente inferior a este 27%. Es importante destacar que, con la aprobación de la Ley 12/2022 para el impulso de los planes de pensiones de empleo, es previsible que, durante los próximos años, pueda producirse un incremento en este ámbito de la previsión social complementaria. Aunque tomará algo de tiempo comprobar la efectividad de esas medidas, los datos de finales de 2024 permiten ser optimistas con respecto al pilar 2, donde el convenio colectivo del sector de la construcción incorpora desde 2002 un plan de pensiones de empleo simplificado, en vigor desde febrero de 2024, que, a finales de abril de 2025, cuenta con más de 715.000 partícipes adheridos. Además, diversas asociaciones de trabajadores autónomos han promovido planes de pensiones, lo que está ocasionando la incorporación progresiva de este colectivo de trabajadores autónomos en el pilar 2.
Sin embargo, no podemos olvidar que la reforma ha limitado la posibilidad de ahorro a través de planes de pensiones individuales (pilar 3) con el establecimiento de un límite, insuficiente en nuestra opinión, de 1.500 euros anuales en las aportaciones. El incentivo en el pilar 2 a costa del “castigo” al ahorrador individual, además del desconocimiento por gran parte de la población de fórmulas de ahorro colectivo alternativas o complementarias a los planes de pensiones son, sin duda, aspectos que limitarán parcialmente el desarrollo global de la previsión social complementaria.
Por ejemplo, hay un desconocimiento generalizado sobre los sistemas de ahorro colectivos que, sin coste para la empresa, pueden conseguir optimizar la retribución de los trabajadores y maximizar su futura pensión, contribuyen a la ralentización en el crecimiento de la previsión social complementaria. En este sentido, aspectos como la información, comunicación y la educación financiera son aspectos necesarios para realizar una adecuada planificación de la jubilación, según la amplia mayoría (90%) de la muestra del mencionado estudio.
Se podría concluir diciendo que nuestro sistema de pensiones no ha progresado de acuerdo con la evolución de nuestra economía y de la población, y no está plenamente adaptado a la situación demográfica y económica en España. Para conseguir un sistema sostenible será necesario, además de la incorporación de posibles reformas en la Seguridad Social, incentivar definitivamente el desarrollo del ahorro privado complementario tanto a nivel colectivo como individual. La transparencia en la información y la educación financiera, serán variables que podrán contribuir al desarrollo de la previsión complementaria, junto a otros incentivos económicos y fiscales.
Deja un comentario