La Comisión Europea propone nuevas obligaciones para evitar y sancionar el ‘greenwashing’

El objetivo último desde Bruselas es, ante todo, garantizar que las etiquetas y declaraciones ambientales sean creíbles y confiables y poner freno a la práctica del greenwashing. Ello permitirá proteger y reforzar la confianza por parte de los consumidores y, al mismo tiempo, impulsar la competitividad de las empresas que se esfuerzan por integrar la sostenibilidad medioambiental en sus productos y actividades.

¿Qué clase de obligaciones se aplicarían a las compañías?

La línea base de la propuesta establece obligaciones a la hora de fundamentar, comunicar y verificar, por un lado, todas las declaraciones medioambientales realizadas voluntariamente por las empresas. Dicho de otra forma, estarán dirigidas a todas las compañías que manifiesten o sugieran que sus productos, servicios u organizaciones tienen un impacto ambiental positivo, impacto nulo, menor impacto negativo o que han mejorado su impacto con el tiempo.

Por otro lado, este mismo criterio se aplicará sobre los sistemas de etiquetado medioambiental utilizados desde las compañías que no estén recogidos o regulados mediante otras normas vigentes, por ejemplo, mediante la etiqueta ecológica o la etiqueta energética.

Concretamente, las compañías que cuenten con más de 10 empleados y una facturación superior a los dos millones de euros deberán fundamentar todas sus declaraciones y etiquetas con base en una metodología basada en evidencia científica, que permita cuantificar rigurosamente su impacto y comunicarlo de manera transparente. Para ello, el canal utilizado puede ser en soporte físico o en forma de enlace web, código QR o equivalente, con una serie de criterios establecidos por la norma.

No en vano, la lucha contra el greenwashing ha llevado a Bruselas a optar por un mecanismo específico para garantizar la fiabilidad de los cálculos: la figura del verificador independiente. En este sentido, toda la información, bien de declaraciones o de etiquetado, tendrá que ser verificada -vía certificado de conformidad-, con anterioridad a su comunicación comercial. Además, los Estados Miembros serán los responsables de velar por una correcta ejecución de este proceso.

De no cumplirse, los propios Estados podrán imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Por el momento, la propuesta recoge la posibilidad de multas que podrían alcanzar el 4 % del volumen de negocio anual de la compañía o bien la consecuente exclusión temporal en procesos de contratación y en el acceso a la financiación pública.

Paralelamente, el artículo 16 de la Directiva establece que, cualquier organización o persona física o jurídica, podría presentar una reclamación ante la autoridad competente si una compañía no estuviera cumpliendo con las anteriores obligaciones.

Directiva contra el greenwashing: ¿cuáles son los próximos pasos?

La propuesta seguirá el transcurso ‘estándar’ de la UE en cuanto a la adopción de actos legislativos. Por ende, el siguiente paso será que el texto íntegro se someta a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo. En caso de superar este tramo, la Directiva entraría en vigor el vigésimo día siguiente tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tras esto, los Estados dispondrán de dos años para transponer la Directiva.

Esta iniciativa forma parte del paquete de medidas del Nuevo Plan de Acción de Economía Circular, adoptado ya en el año 2020 y bajo el gran paraguas del Pacto Verde Europeo. En este sentido, la Comisión ha marcado la Directiva de alegaciones medioambientales como una prioridad legislativa para el año 2023, por lo que podemos esperar que la tramitación parlamentaria sea ágil. Más aún si tenemos en cuenta las inminentes elecciones al Parlamento Europeo, cuya celebración está prevista del 6 al 9 de junio de 2024.

Asimismo, como sabemos, España estrenó hace escasos días la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Dicho mandato consistirá en un trabajo técnico a la hora de alcanzar consensos y cerrar debates legislativos ya abiertos, como podría llegar a ser el caso de la Directiva de Green Claims. Tendremos que esperar por los resultados de las elecciones generales del 23 de julio de cara a definir a los responsables directos que asumirán estos retos en el marco del Consejo de la UE.