Si algo sabemos de las veinticinco COP celebradas hasta la fecha es que son abundantes las promesas y escasos los logros. Esta no parece que vaya a ser muy distinta. Decía Benjamin Franklin que bien hecho es mejor que bien dicho. Quizá en adelante la COP debería considerar adoptar esta cita como lema.
Aprovechando que se encuentra en su segunda semana conviene hacer un repaso de lo que está sucediendo en la conferencia de Glasgow teniendo en mente aquello que puede tener más interés para las compañías españolas.
La primera pregunta que debemos hacernos es si vamos por el buen camino respecto la reducción de emisiones. Pues bien, de acuerdo a Climate Action Tracker, que ha analizado los compromisos de los países participantes en la COP, las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 serán el doble de las necesarias para limitar el aumento de temperatura a los 1,5 grados fijados en París. El aumento de temperatura implícito que se deduce de los objetivos fijados para 2030 está por encima de los dos grados centígrados a finales de siglo. Como es sabido, para estar en la senda de cero emisiones netas en 2050, estas deberían reducirse en un 50% en esta década. En este sentido, no estaría de más que las compañías españolas se preguntaran por sus planes de reducción y si están alineados con los objetivos de París.
Esta semana se ha hecho pública también la decisión de la International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation de constituir la International Sustainability Standards Board (ISSB). Tendrá como cometido la elaboración de estándares para que las compañías elaboren información en materia de sostenibilidad que esté alineada con las necesidades de los inversores. Está previsto que el estándar sea diseñado para ser compatible con las iniciativas en desarrollo tanto en Europa -la directiva de información sobre sostenibilidad- como en otros lugares del planeta. Dada la credibilidad e influencia de IFRS, cabe esperar que ISSB tenga un impacto significativo en la información sobre sostenibilidad de las compañías.
Durante los primeros días de la conferencia de Glasgow también se ha anunciado que 450 bancos, aseguradoras e inversores se han sumado a la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Aunque el anuncio no ha estado exento de críticas por parte de las organizaciones sociales, lo cierto es que las entidades firmantes gestionan 130 billones en activos -equivalentes a más de 110 veces el PIB de España-. Los firmantes se han comprometido, entre otros, a definir objetivos de cero emisiones netas para 2050 y a informar de manera transparente acerca de los logros alcanzados. Es previsible que este nuevo anuncio alimente todavía más el apetito de los bancos nacionales e internacionales por las oportunidades de financiación sostenible.
Además de los (insuficientes) avances en materia de carbón, metano y prevención de la deforestación, esta semana hemos visto también como un centenar de grandes compañías han firmado un compromiso denominado “Get Nature Positive” orientado a revertir la tendencia de destrucción del medio natural.
En una conferencia en la que se ha hablado mucho de casi todo, hay un asunto que ha sido tratado insuficientemente, aunque Angela Merkel se refirió a él en su discurso de hace algunos días. Me refiero al precio a las emisiones de CO2. Este es un asunto que los economistas coindicen en considerar clave para reducir las emisiones. Hoy existen en el mundo alrededor de sesenta iniciativas distintas para poner precio al CO2. El problema es que sólo cubren una mínima parte de las emisiones del planeta -alrededor del 20%- y que el precio medio que fijan es demasiado bajo; alrededor de tres dólares por tonelada. Hay que pensar que el Fondo Monetario Internacional estimaba recientemente que el precio debería estar alrededor de los 75 dólares por tonelada, que en el mercado regulado europeo está alrededor de los sesenta euros y que el gobierno norteamericano estimó el coste social del carbono en alrededor de 50 dólares por tonelada.
La fijación de un precio a las emisiones de CO2 es seguramente la manera más eficiente para avanzar en la reducción de emisiones. Su existencia envía una señal de mercado clara a los agentes económicos para que eviten las actividades intensivas en CO2 y se muevan a la descarbonización. Su inexistencia, por el contrario, introduce incertidumbre en las decisiones estratégicas de las compañías y provoca que el CO2 no forme parte de los factores tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Algunas compañías -algo más del 20% de las mayores del mundo- han fijado precios internos del carbono, lo que les permite tenerlo en cuenta para examinar la idoneidad de sus proyectos y el impacto de las emisiones en sus cuentas. El problema es que las compañías fijan generalmente también un precio excesivamente bajo por tonelada, muy por detrás de su evolución previsible. Esto provoca que la información ofrecida por el precio interno no sea lo suficientemente clara.
Aunque en la COP no se esté hablando mucho de ello, la fijación de un precio global al carbono terminará imponiéndose. Mientras lo hace, sería bueno que las compañías españolas empezaran a preguntarse que les pasaría a sus cuentas y a la rentabilidad de sus proyectos si tuvieran que pagar por el carbono. Porque más pronto que tarde lo terminarán haciendo.
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