Las compañías e inversores han dado un cambio radical a sus criterios de financiación e inversión. La sostenibilidad, exigida por un nuevo armazón jurídico europeo, será esencial para el éxito de las entidades financieras.
Los incendios forestales en California, la sequía extrema en Australia, la ola de frío en el centro de Estados Unidos, el temporal Filomena en España. La “primera ley” de la ecología enseña que en la naturaleza todo está conectado con todo. En este caso, el hilo de Ariadna es el cambio climático. Imposible que no afecte a la vida del ser humano. Ni a la economía. “Vivimos”, como recordaba un anuncio de un periódico económico británico, “tiempos financieros”. Y los cambios y las novedades caen, incesantes, al igual que el orvallo.
El Foro Económico de Davos (Suiza) ha ubicado la emergencia climática en el centro del debate. No es casualidad. Diríase que el activismo inversor influye más que la regulación. Muchas gestoras de inversión han “empujado” a grandes empresas a dar mayor información sobre la sostenibilidad de sus inversiones. Ahí está el ejemplo de Blackrock, el fondo de inversión más grande del planeta. Y como lo que no puede medirse generalmente no existe, las métricas de ESG (medioambiente, sostenibilidad y gobernanza) se han vuelto imprescindibles. Falta, es cierto, una homogeneización, pero en eso está trabajando el Banco Central Europeo (BCE) y, como veremos, ya hay cartas sobre la mesa. Además, el calentamiento global puede encarecer las primas de riesgo y el coste de capital. Vivimos tiempos financieros, que inevitablemente nos llevan a la convergencia regulatoria.
Este es el ecosistema en el que rota estos días y los próximos años esta casa de tierra y agua. Un trabajo de la agencia Bloomberg revela que las 50 principales economías del planeta van a destinar 583.000 millones de dólares a impulsar el esfuerzo verde. Y el Plan de Recuperación de la Unión Europea, alineado con el New Green Deal europeo, destinará un 30% de sus 1,8 billones de euros a inversiones relacionadas con el clima en los próximos siete años. Cifras insólitas para un problema desconocido por la Humanidad. No es una burbuja. Desde el momento que lo apoya el mayor fondo soberano del planeta: el instrumento de pensiones noruego, el cual gestiona 1,2 billones de dólares en activos. O cuenta con el respaldo del fondo de pensiones más grande, que es el japonés, y maneja 1,4 billones de dólares.
Este movimiento verde que enlaza finanzas, criterios ESG, banca y cambio climático lo está liderando Europa en el mundo. Pese a que solo es responsable del 9% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, la concienciación social está, sobre todo en las generaciones más jóvenes, muy enraizada. Se refleja en sus instituciones. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) exigirá a los bancos que a partir de 2022 publiquen un ratio de activos verdes (GAR), que identificará, de manera similar y comparable, la financiación de actividades medioambientales sostenibles, según la taxonomía de la Unión Europea. En la práctica, las empresas tendrán que divulgar, junto con el GAR, información sobre el porcentaje de sus activos totales cubiertos con este ratio, de esta forma se facilita la comparabilidad de dicho cálculo. “No cabe duda de que la aproximación de la legislación, la regulación financiera y la actitud de los supervisores hacia las cuestiones ESG en Europa va muy por delante de otras geografías. Esto produce que las entidades financieras, empujadas, además, por el compromiso de los grandes inversores institucionales, hayan adoptado una actitud muy proactiva en el cumplimiento de los estándares más elevados en esta materia”, reflexiona Francisco Uría, socio responsable de Sector Financiero en EMA y socio principal de KPMG Abogados de KPMG España.
“Se prevé que el sector financiero desempeñe un papel fundamental en los próximos años como establece el Plan de acción de la Comisión Europea. Asimismo, los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) constituyen por segundo año consecutivo, una de las prioridades dentro del marco del Mecanismo único de Supervisión”, explica Pablo Vaño, socio de FS Consulting de KPMG en España.
La agenda verde brota con fuerza. Las entidades financieras son instrumentos esenciales para cumplir con el Acuerdo de París. Un pacto al que regresa la administración del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, quien ha comprometido dos billones de dólares en la transición ecológica. Corre el tiempo. El sector financiero escucha su tic-tac. Tienen que descarbonizar sus carteras de préstamos e inversiones. En estos momentos, el reloj descuenta, así, las horas. Los bancos están efectuando —supervisados por el BCE— el ejercicio de estrés test de la EBA, que finaliza a finales de junio de este año. El escrutinio afectará a Santander, BBVA, Bankinter y Banco Sabadell.
El próximo año se lanzarán por primera vez, unos ejercicios de estrés test focalizados en los riesgos medioambientales y climáticos, y, se prevé que a partir de 2023 puedan integrarse en los ejercicios que venía realizando la EBA hasta el momento. Es una época, resume Francisco Uría, de grandes desafíos. “El BCE publicó en noviembre pasado una guía en la que evidencia sus prioridades y expectativas en torno a la gestión de los riesgos medioambientales y climáticos por parte de los bancos, incluyendo el anuncio de que habrá que efectuar una autoevaluación este año y que durante 2022 los estrés test al que serán sometidas las entidades incluirá estos temas”, describe. Eso sí, todavía no se han publicado ni las guías ni la metodología. Resulta complejo crear esos patrones. Porque al incluir la variable climática deben basarse en horizontes temporales que superan los 30 años mientras que los tradicionales abarcaban tres.
Nadie dijo que fuera fácil. Las entidades están elaborando sus estrategias y adaptando los procesos de gestión de riesgos para cumplir con las nuevas exigencias. Reino Unido, Francia y Holanda ya han emprendido sus propios test de estrés medioambiental. Pero hasta ese 2022 no resultará obligatorio en toda Europa. Sin embargo, al igual que la demografía, es destino. “La suma de la presión regulatoria, la atención supervisora, el foco de los inversores y el compromiso de las propias entidades financieras harán que la implementación de estos criterios sea pronto una realidad en las instituciones financieras europeas y, desde luego, en las españolas”, defiende Uría.
“La transición hacia una economía baja en carbono y más circular, conlleva riesgos, pero ante todo, oportunidades para la economía y para las entidades financieras, que tienen ante sí, un gran reto para poder contribuir al desarrollo sostenible y convencer a la sociedad, de que su papel en esta carrera es muy relevante y necesario”, sostiene Pablo Vaño.
En este caso las entidades financieras no están solas, ya que de acuerdo con Mariano Lasarte, socio del sector financiero, “los más de 140.000 millones de € de los fondos europeos Next Generation de los que el Estado español va a ser receptor van a permitir un efecto multiplicador de las inversiones sostenibles por parte de la economía española, que van a poder ser cofinanciados por nuestros bancos, haciéndoles más verdes”.
La regulación está en marcha. España quiere liderar la transformación sostenible. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética obligará a las firmas cotizadas, las entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras a elaborar un informe anual sobre su exposición a los riesgos climáticos y cómo los están afrontando. Será una visón “tutelada”. Cada dos años, el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la CNMV prepararán de forma conjunta un trabajo que evaluará el riesgo para el sistema financiero español que procede del calentamiento global. El trabajo se estudiará en el Congreso de los Diputados. La bancada política solo tiene un color: verde.
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