El impacto económico del COVID-19: incertidumbre en el camino a la recuperación

El impacto económico del COVID-19: incertidumbre en el camino a la recuperación

Desde principios de mayo, los gobiernos europeos están levantando progresivamente algunas de las restricciones a la actividad productiva y al movimiento de los ciudadanos ligadas a la pandemia, en un difícil equilibrio entre reactivar la economía y evitar rebrotes que podrían llevar a nuevos confinamientos.

Gobiernos y ciudadanos son cada vez más conscientes del impacto del COVID-19 y del reto que supondrá volver a la normalidad. Las perspectivas económicas así lo confirman. La Comisión Europea publicó el pasado 6 de mayo sus previsiones de primavera, que anticipan una caída del PIB de la Unión Europea del 7,7%. Los países del sur acusarán un mayor impacto y se recuperarán más lentamente, al ser más dependientes del turismo y presentar una estructura empresarial más atomizada. Estos países, además, son los que presentan una posición fiscal más vulnerable y, por tanto, menor capacidad de endeudamiento para llevar a cabo políticas de estímulo. En el caso de España, la Comisión prevé una caída del PIB del 9,4% y una recuperación del 7% en 2021, en ambos casos, dos décimas por encima de lo que anticipa el Ejecutivo. La tasa de desempleo rozaría el 19% en 2020 y bajaría al 17% en 2021, mientras que el déficit se dispararía este año al 10,1% y se quedaría en el 6,7% el año próximo.

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La delicada situación a la que España parece abocada la confirman también tanto los índices PMI, peores incluso que los que registra Italia, como el dato de confianza del consumidor. El PMI industrial se situó en abril en los 30.8 puntos, casi 15 puntos menos que en el mes anterior, y es el registro más bajo de todos los países comparados. Especialmente preocupante es el indicador del PMI de Servicios, que se queda en un solo dígito, 7,1 puntos, cerca de 16 puntos por debajo del dato marzo. Por su parte, la confianza del consumidor ha caído casi 36 puntos en dos meses: en abril se situó en los 49,9 puntos frente a los 85,7 de febrero. A pesar del derrumbe, aún está por encima del peor dato de la Gran Recesión, por lo que se puede deducir que los consumidores todavía confían en que el impacto sea más temporal y menos grave que en la recesión anterior.

Que esta perspectiva sea una realidad dependerá en buena medida de los programas que se aprueben en el seno de la Unión Europea. El pasado 8 de mayo el Eurogrupo fijó las condiciones para acceder al mecanismo de apoyo a la crisis de la pandemia que ha puesto en marcha a través del MEDE. Hasta 2022, los Estados Miembros podrán percibir créditos destinados a sufragar gastos sanitarios por un valor igual al 2% de PIB, lo que para España suponen 25.000 millones de euros.

También el 8 de mayo, la Comisión Europea actualizó el Marco Temporal que rige los procesos de capitalización y compra de deuda subordinada de empresas especialmente afectadas por el COVID-19 por parte de los Estados. Su objetivo es evitar que las empresas ubicadas en países con mayor solidez financiera estén en situación de ventaja frente a compañías situadas en países con unas finanzas más débiles. De este modo, la capitalización pública será el último recurso al que puedan acudir las empresas, tendrá como único fin la viabilidad de estas y, en el caso de que supere el 22% del capital total de la compañía o los 250 millones de inversión, deberá contar con la aprobación de la comisión. La presencia de capital público en compañías privadas queda limitada a seis años en el caso de compañías cotizadas y siete para no cotizadas. Durante este periodo, no se podrán repartir dividendos ni recomprar acciones y las operaciones societarias se verán limitadas.

Para Juan José Legarda, director de Debt Advisory en KPMG España, la clave no es financiar a las empresas que lo necesitan, sino con qué fin se financian. “Esto significa que el uso de los fondos debe ser para adaptarse al nuevo entorno, no para un mero escenario de continuidad”, explica.

La respuesta de la UE a la crisis del COVID-19 aún genera incertidumbre en gobiernos, mercados y ciudadanos, más aún después de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que ha considerado inconstitucional el programa de compras del sector público del BCE al no justificar la relación existente entre las masivas compras de deuda y su objetivo de acercar la inflación de la Eurozona al 2%. Aunque el BCE reaccionó rápidamente afirmando que el fallo no afectaría a sus decisiones, lo cierto es que la sentencia podría reducir su margen de maniobra para actuar en los mercados de deuda, lo que podría tener consecuencias negativas para países con una situación fiscal delicada como Italia o España.

La economía española se resiente ya por los efectos del COVID-19, especialmente en el ámbito del mercado de trabajo: cerca de 5,2 millones de personas perciben una prestación por desempleo, incluyendo a los afectados por ERTE, y más de un millón de autónomos perciben la prestación por cese de actividad. Precisamente, el pasado lunes 11 de mayo, el Gobierno cerró con los interlocutores sociales un acuerdo de flexibilización y extensión del marco actual de los ERTE, que desvincula la causa de fuerza mayor del estado de alarma y extiende su duración hasta, en principio, el 30 de junio. Se distingue entre ERTE totales, que siguen como hasta ahora, y ERTE parciales, en los que la empresa, al reincorporar a una parte de los trabajadores tiene derecho a una bonificación de su cotización, pero ve reducida la bonificación de los trabajadores que permanezcan aún en el ERTE.

“Este período va a ser de incertidumbre con el estado de alarma prorrogado, las diferentes fases de la desescalada y la escasa movilidad de las personas, tanto entre provincias como desde fuera de nuestro país. En esta situación, es muy posible que el mercado de trabajo continúe con una cierta atonía, sólo superada por las empresas que deciden reincorporarse a la actividad económica. Por esta razón, las compañías van a continuar necesitando herramientas de flexibilidad en la gestión de las personas, a la espera de cambios jurídicos y económicos que permitan volver a cierta normalidad”, explica Jordi Garcia Viña, director del área de Laboral de KPMG Abogados

Así las cosas, no cabe duda de que el camino de vuelta a la normalidad es incierto. Las previsiones económicas son poco halagüeñas, la medidas que los gobiernos están adoptando para estimular la economía podrían resultar insuficientes y, lo que es más importante, todavía existen muchas incógnitas sobre el comportamiento del virus, por lo que no podemos descartar nuevos confinamientos. Ante esta incertidumbre, es fundamental que las empresas incrementen su capacidad de adaptación, tomando las decisiones oportunas que les permitan reaccionar rápidamente ante los nuevos desafíos que puedan surgir.

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