Impacto económico del COVID-19: retorno gradual, recuperación desigual

El impacto económico del COVID-19: retorno gradual, recuperación desigual

El impacto económico del COVID-19: retorno gradual, recuperación desigual

Conforme las tasas de contagios y fallecidos por COVID-19 se van desacelerando, los gobiernos comienzan a diseñar estrategias para levantar las restricciones que se impusieron para limitar el avance del virus. Los criterios que siguen son similares: impacto de la pandemia, capacidad para realizar tests y capacidad de los sistemas sanitarios.

Para este propósito, la Unión Europea ha diseñado una hoja de ruta en la que recomienda que este proceso sea gradual y diferencie entre zonas geográficas, sectores económicos y grupos de población. De este modo, las medidas generales deberían sustituirse paulatinamente por otras específicas, destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables a la enfermedad. Estas medidas se aplicarían primero de forma local, y en función de la evolución de la enfermedad, se iría incrementando la extensión geográfica donde entrarían en vigor.

En España, el Gobierno aún no ha definido un plan de apertura. Solo ha dado a conocer que, a partir del 27 de abril, se suavizará el confinamiento para menores; y ha apuntado a la posibilidad de que, desde el 10 de mayo, se reanuden actividades ahora paralizadas. Seguramente este proceso se lleve a cabo en dos fases: se retomaría primero la normalidad en sectores con menor exposición al público para hacerlo posteriormente en aquellos que tienen un alto índice de contacto entre personas. De cumplirse estas previsiones, sectores como la hostelería, los eventos o el turismo serían los últimos en volver a funcionar.

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En opinión de Luis Buzzi, socio responsable de Turismo de KPMG en España, las normas que establezca el Gobierno deberían ser lo más ágiles y flexibles posible, manteniendo la seguridad sanitaria, pues el turismo representa el 15,3% del PIB español, de forma directa e indirecta. Las previsiones indican que el proceso de recuperación del sector será gradual, muy ligado a la apertura de los medios de transporte, y que tendría básicamente tres fases, siempre que se mantenga una situación de control de la pandemia una vez finalizado el período de emergencia):

  • Fase 1 (julio de 2020 a octubre de 2020): En la que básicamente existiría un turismo interior (nacional) y cuya amplitud estaría condicionada tanto por el factor “miedo” a la hora de desplazarse a entornos menos seguros que el propio hogar, como el factor económico, por el impacto del COVID-19 en las economías particulares.
  • Fase 2 (octubre a diciembre de 2020): Cuando se abrirían los viajes dentro de Europa y a nivel nacional se iría generando una sensación de mayor seguridad sanitaria siempre que no hubiera un repunte masivo de la pandemia.
  • Fase 3 a partir de enero de 2021: Comenzarían de nuevo los viajes de largo radio internacionales.

El turismo de convenciones y congresos seguramente se demorará más, comenzando por actividades privadas y cerradas que se prevé que se reinicien a finales del cuarto trimestre de 2020, mientras que los eventos masivos y abiertos al público no se retomarían hasta que existiera una vacuna para la pandemia, añade Buzzi. “Para garantizar la seguridad del turista, nacional o foráneo, será esencial que se implementen protocolos sanitarios y de distanciamiento social reforzados, que garanticen establecimientos “covid free” y que generen confianza en los clientes”, explica el socio.

La aceleración de estas fases pasaría por que las Administraciones Públicas adoptasen medidas más “agresivas” con un denominador común, el test masivo, tanto de la población local como de cualquier foráneo que quisiera entrar en nuestro país, usando test rápidos, para garantizar que no tienen la enfermedad. Buzzi señala que “estas medidas no solo lograrían acelerar la apertura del sector de una forma más rápida, sino que posicionarían la marca turística España como una ‘marca de seguridad’ ante la pandemia y reduciría el miedo a visitar nuestro país que puede haberse instalado en mercados emisores como consecuencia de esta crisis sanitaria”.

Los datos de la economía real ya publicados confirman que el sector servicios será el que más tiempo necesite para recuperarse de los efectos de la pandemia. En China, la producción industrial cayó en marzo un 1,1% frente al 13,5% de los dos primeros meses, un registro mejor de lo esperado por el mercado, que preveía un descenso del 7,3%. Sin embargo, esta recuperación no tiene su correspondencia en el sector servicios: las ventas de minoristas se desplomaron un 15,8% frente al 20,5% de enero y febrero, muy por debajo del consenso de mercado, que situaban la caída en el 10%.

Extrapolando esta tendencia, se puede anticipar que aquellas economías que dependan más del sector servicios, especialmente de actividades como el turismo o la hostelería, además de experimentar una mayor caída de su riqueza, tardarán más en recuperarse. Así se podía deducir ya de las previsiones que publicaba la semana pasada el FMI. Según este organismo, en Europa, los países del norte, con la excepción de Países Bajos, sufrirán un impacto más limitado y una recuperación más rápida que los países del Sur, con una mayor presencia del turismo en su economía. De este modo, si el PIB de Alemania en 2021 representará el 97,8% del PIB de 2019, en España supondrá el 96% del registrado. La lenta recuperación se reflejará también en la evolución de la tasa de paro, que se situará en el 20,8% a finales de este año en España para reducirse al 17,5% en 2021, lejos aún del 14,1% en el que cerró en 2019.

En la misma línea, el Banco de España prevé que en 2021 España recuperaría entre el 70%, en el escenario menos favorable, y el 80%, en el escenario más optimista, de la caída que sufra el PIB en 2020. La entidad sitúa esta contracción entre el 6,6%, en el escenario más benigno, y el 13,6%, en el más adverso.

Es necesario que las compañías tengan en cuenta estas previsiones en la actualización de sus planes de negocio, labor en la que ya deberían estar inmersas. Carlos Cuatrecasas, socio de Estrategia de KPMG, apunta la necesidad urgente que tienen las empresas para revisar su estrategia en el nuevo contexto post-COVID, “adaptando sus servicios y modelo operativo para proveerlos a sus clientes, ya que la demanda y hábitos de los consumidores han cambiado y aquellas compañías que se adelanten en esta adaptación no solo superarán la crisis, sino que saldrán reforzadas”.

Uno de los ámbitos en los que la pandemia ya está mostrando sus efectos es el mercado laboral. En el mes y medio que llevamos de confinamiento, la Seguridad Social habría perdido más de 714.000 afiliados, a los que habría que sumar los trabajadores que se han visto afectados por ERTE, unos 4 millones según SEPE. De este modo, si tenemos en cuenta el desempleo registrado en febrero, alrededor de 8 millones de personas en España no estarían trabajando actualmente, el 35% de la población activa. Esta cifra no incluye a los autónomos que han pedido la prestación por cese de actividad.

Para aquellas compañías que hayan presentado ERTE, la vuelta a la normalidad supondrá la reincorporación de los empleados afectados, proceso para el que deberán estar preparadas. Además, la acumulación de solicitudes de ERTE en los organismos de gestión ha retrasado las resoluciones, de modo que las compañías a las que les ha sido denegado el ERTE ven limitada su capacidad de reacción.

“En esta situación en la que la recuperación de la actividad a niveles anteriores a la pandemia va a producirse en muchos sectores de forma muy escalonada y, especialmente, en el escenario de denegación de un ERTE por fuerza mayor, la negociación colectiva es el instrumento clave para la empresa a la hora de implementar medidas alternativas negociadas, tales como ERTES por causas productivas y otras formas de organización del trabajo, con la suficiente flexibilidad para poder  adaptar los recursos humanos de la empresa y los costes asociados a esa recuperación progresiva y faseada en el tiempo”, explica Francisco Fernandez, socio del Área Laboral de KPMG Abogados.

El pasado martes 21 de abril, el Ejecutivo aprobó un nuevo Real Decreto-ley que incluye la posibilidad de aplicar ERTE a trabajadores no esenciales de empresas que desarrollen actividades esenciales, así como la ampliación de la cobertura de las líneas de crédito del ICO a pagarés del mercado alternativo de renta fija. Las empresas, además, podrán adaptar las liquidaciones a cuenta a los ingresos estimados para 2020 y supeditar el pago de deudas tributarias a conseguir financiación avalada por líneas del ICO. El Real Decreto-ley también habilita al consorcio de seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos de crédito.

Julio Cesar García, socio responsable de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados, considera que las medidas fiscales adoptadas hasta la fecha, incluyendo las aprobadas el pasado día 21 de abril, siguen siendo las más restrictivas de entre todos los estados de nuestro entorno. “No contemplan la situación singularmente grave de los sectores más afectados” comenta.

En el escenario post-COVID, es posible que los mercados de deuda comiencen a penalizar a aquellas economías que muestren peores resultados y tarden más en recuperarse. España se encontraría en ese grupo si se cumplen las previsiones del FMI o del Banco de España. Para evitarlo, sería necesario poner en marcha un programa de actuaciones para, simultáneamente, limitar al máximo la destrucción de empleo, favorecer la contratación en la recuperación, facilitar la rápida reapertura de negocios en cuanto las condiciones lo permitan y diseñar una estrategia realista que señalice el compromiso de volver a la estabilidad presupuestaria en cuanto la situación lo permita.

Este jueves 23 de abril, España ha propuesto en el Consejo Europeo la creación de un fondo de recuperación dotado con 1,5 billones de euros, que se distribuiría como transferencias, no como deuda, se financiaría con deuda perpetua por todos los Estados miembros, se repartiría en clave nacional y se gastaría en programas nacionales alineados con las prioridades europeas (digital, medioambiente, política industrial y tecnológica, transporte y turismo). Queda por ver cuál es la respuesta de los socios europeos y los efectos que esta tendrá sobre las previsiones y la realidad económicas.

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