El impacto del COVID-19: pensando en el día después

El impacto económico del COVID-19: pensando en el día después

Aunque las cifras de contagiados y fallecidos por COVID-19 siguen aumentando en todo el mundo, parece que su tasa de crecimiento se ha estabilizado en algunos países, como Italia o España. Los gobiernos se plantean ya medidas para un retorno escalonado a la normalidad, al tiempo que comienzan a abordar los planes de recuperación que deberán poner en marcha una vez que se levanten las restricciones.

Las perspectivas a corto plazo no son nada halagüeñas. El FMI prevé un desplome del 3% de la riqueza mundial para este este año, muy por encima de la caída 1,7% que registró en 2009. El descenso será especialmente abrupto en Europa: el PIB de la Eurozona se desplomará un 7,5%, con Italia y España, entre los países más perjudicados (-9,1% y -8%, respectivamente).

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Los datos de la economía real ya reflejan el fuerte impacto que está teniendo la pandemia. En China, el PMI de marzo refleja que la economía se sigue contrayendo, aunque a un menor ritmo que en febrero (46,7 puntos frente a los 27,5 del mes anterior); mientras que la inflación situó su tasa interanual en el -1,5%, acusando no solo los precios de la energía, sino también la debilidad de la demanda. En Estados Unidos, el empleo se ve especialmente afectado por la pandemia: en marzo la tasa de paro alcanzó el 4,5% en comparación con el 3,5% y la semana pasada 6,6 millones de trabajadores solicitaron prestaciones por desempleo. Realmente negativo ha sido el índice de clima industrial ISM, que en marzo ha caído 40 puntos en comparación con febrero (12,9 frente a 51,9). Aunque en la Unión Europea los datos reales son todavía escasos, el índice PMI del sector de la construcción, que sufre en marzo la mayor contracción de su historia, (baja de 52,5 puntos a 33,5) augura ya los efectos de la pandemia en el Viejo Continente.

En España, el 30% de la población activa recibe ya alguna prestación. La paralización de la actividad se reflejó en la demanda de energía en el mes de marzo, que cae un 6,1% en tasa interanual, con los precios situados por debajo de la mitad de los del año pasado, mientras que la incertidumbre ha provocado un descenso de más de 20 puntos en la confianza del consumidor, que pasó del 85,7% en febrero al 63,3% en marzo.

Con el fin de evitar un deterioro mayor de la economía, esta semana el Gobierno ha levantado la segunda ronda de restricciones que entró en vigor el pasado 30 de marzo, lo que implica la vuelta a la actividad de todos los sectores, excepto de aquellos que trabajan de cara el público, y la suspensión del permiso retribuido.

“Al tiempo que las compañías están gestionando el impacto derivado del estado de alarma, también deben orientar ya sus acciones y estrategias al escenario tras la pandemia, para asegurar y consolidar su viabilidad. El aplazamiento de deudas con la Seguridad Social, en cierta forma, ayuda a ese planteamiento. Recordemos que el plan de amortización de estas deudas puede llegar hasta 5 años”, señala Francisco Carramolino, director en el área de Outsourcing & Compliance de KPMG Abogados.

Entre las medidas sociales que establece el RD 11/2020, cabe destacar la posibilidad de intervenir en el normal funcionamiento de los mercados, fijando precios o permitiendo el incumplimiento de los contratos; la moratoria en los alquileres de vivienda a arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor; la ampliación de la moratoria del pago de hipotecas, que pasa de 1 a 3 meses; y la posibilidad de establecer una moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios para personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, prohíbe la suspensión de suministros durante el estado de alarma y amplía el colectivo de posibles perceptores del bono social eléctrico a los autónomos, que hayan cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.

El RD 11/2020 refleja de este modo dos tendencias: una, en la que el sector público asume el coste de las medidas adoptadas, y otra, que en la que este coste recae en las empresas, especialmente las de mayor tamaño, mediante la intervención en los mercados.

Hay que tener en cuenta que el Gobierno cuenta con un margen fiscal muy limitado, con un ratio de deuda/PIB de casi el 100%, y que todavía está por ver el impacto que tendrán sobre los Presupuestos medidas anunciadas por el Gobierno, aún por especificar, como la posibilidad de aplazar hasta mayo los pagos de impuestos para pymes y autónomos o el establecimiento de una renta mínima temporal, que algunos analistas consideran la antesala de una renta mínima permanente.

Consciente de su situación, España ha sido uno de los países más vehementes a la hora de exigir una respuesta conjunta de la Unión Europea para mitigar los efectos de la pandemia e impulsar la recuperación. La reunión del 9 de marzo se cerró con un paquete de medidas por más de 500.000 millones de euros, de los que 240.000 procederán del Mecanismo Europeo de Estabilidad (sin exigencias de ajustes y reformas estructurales, como defendía Holanda), 200.000 serán movilizados por el Banco Europeo de Inversiones, a través de préstamos a empresas, y 100.000 se utilizarán en la creación de un fondo para financiar el pago de prestaciones vinculadas a ERTE. La línea de crédito procedente del MEDE solo alcanza hasta el 2% del PIB de cada Estado miembro de la Eurozona, por lo que para España supone una línea de financiación de 25.000 millones de euros.

La creación de eurobonos, es decir, la mutualización de deudas para financiar políticas nacionales, sigue pareciendo lejana, por lo que el debate se ha trasladado a la negociación del Marco Financiero Multianual (el presupuesto de la Unión para los próximos seis años) y a la creación de un fondo de recuperación, que garantice el crecimiento económico cuando las restricciones se levanten. El próximo Consejo Europeo del 23 abril deberá definir sus directrices, aunque, si la UE aporta fondo garantizados por el conjunto de los países miembros, es posible que se establezcan condiciones sobre el gasto nacional y el destino de los fondos.

Como se puede ver, los gobiernos comienzan a prepararse ya para el día después, diseñando planes de recuperación con el objetivo puesto en la rápida reactivación de la economía, combinando medidas de apoyo a las empresas con medidas de carácter social.

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