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Por fin, la sandbox en el sector financiero español

Por fin, la sandbox en el sector financiero español

Hace unos días, con ocasión de la jornada anual de Expansión-KPMG dedicada al sector financiero, la Ministra de Economía anunció la inminente constitución de una sandbox en el sector financiero español. Entendemos que la iniciativa consistirá en retomar el Anteproyecto de Ley de Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero que había sido aprobado en julio de este año.

El Anteproyecto de Ley traduce la sandbox como un “espacio de pruebas” y la regulación que pretende establecerse añade un matiz, la de tratarse de un “especio controlado”, es decir, un espacio de actividad para los prestadores de servicios financieros, sometido a la vigilancia de los supervisores financieros.

Se trata de un proyecto de amplio alcance, puesto que comprende a los tres sectores tradicionales de banca, instrumentos financieros y mercados de valores y también la actividad en el ámbito regulador, bajo la vigilancia de sus supervisores respectivos.

La iniciativa pretende hacer compatibles cuatro objetivos distintos:

  • Facilitar la innovación financiera en el ámbito de los servicios financieros
  • Garantizar a los innovadores seguridad jurídica a la hora de desarrollar sus iniciativas
  • Asegurar la protección de la clientela de servicios financieros y de sus datos personales,
  • Se amplían y renuevan los instrumentos de que disponen los supervisores financieros a la hora de desarrollar sus funciones.

En esencia, se trata de permitir la realización de pruebas de nuevos productos y servicios financieros, a cargo (y esto es un acierto del anteproyecto) de todo tipo de actores, como modo de desarrollar la innovación el sector financiero pero garantizando, al mismo tiempo, la protección de los derechos de los consumidores.

Así configurada, la sandbox es, también, y no en menor medida, un instrumento supervisor, que le permitirá conocer de primera mano qué es lo que la tecnología y la innovación son capaces de ofrecer en el ámbito de los servicios financieros.

Figura clave de la nueva regulación es la del “promotor”, la persona física o jurídica que solicite la iniciación de un proyecto piloto en la sandbox conforme a lo previsto en la nueva regulación. Puede ser un promotor, como decimos, tanto una empresa tecnológica como una entidad financiero o un centro público o privado de investigación. El promotor será responsable de todo daño causado al participante en las pruebas.

Otra figura fundamental es el participante, el usuario que, tras haber sido informado de sus derechos, decide participar en una o varias de las pruebas, para lo cual deberá aceptar por escrito (consentimiento informado) una vez haya conocido su contenido, eventuales riesgos y el régimen de desistimiento, al que tiene derecho en todo momento.

Por último, desde un punto de vista supervisor resultan claves las figuras de la nueva ‘Comisión de pruebas’ para la coordinación de las actuaciones previstas en la nueva regulación, y la de los “monitores”, que son las personas designadas por las autoridades supervisoras competentes para el seguimiento de cada proyecto o de alguna de las pruebas.

Es importante matizar que el acceso a la sandbox no supone la obtención de ninguna autorización administrativa de actividad para la prestación de servicios financieros.

En definitiva, se trata de un anuncio importante en relación con una iniciativa que, una vez completada, pondrá a nuestro país a un nivel equivalente al de las naciones de nuestro entorno que ya han desarrollado iniciativas similares, como sucede sobre todo en el caso del Reino Unido.


¿Quieres escuchar las reflexiones de Francisco Uría sobre la sandbox para el sector financiero? Hazlo en nuestro canal de podcasts.

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Francisco Uría

Socio responsable de servicios financieros para KPMG EMA y socio principal de KPMG Abogados de KPMG en España, Francisco cuenta con una extensa carrera en el mundo de la abogacía. En la Firma dirige el equipo de Regulación y Cumplimiento. Además, Francisco es Abogado del Estado excedente, y ha ejercido como tal en la Secretaria de Estado de Economía, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Abogacía General del Estado.
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