energía eléctrica

Asegurar los beneficios de una mayor interconexión eléctrica

Asegurar los beneficios de una mayor interconexión eléctrica

La Unión Europea acaba de anunciar la concesión de un paquete de financiación de 578 millones de euros para el proyecto de interconexión eléctrica submarina entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya. Se trata de una buena noticia para un proyecto con un coste total de 1.750 millones de euros que permitirá aumentar en 2.000 megavatios (MW) el nivel de interconexión de nuestro país con el corazón de Europa en 2025, casi duplicando los 2.800 MW actuales.

Los beneficios de las interconexiones son bien conocidos: permiten importar electricidad más barata en momentos de escasez reduciendo el precio de mercado, posibilitan exportar excedentes de energía cuando hay mayor producción, facilitan la incorporación de mayores cantidades de renovables al sistema y proporcionan mayor seguridad de suministro reduciendo el riesgo de no poder atender la demanda en los momentos de mayor consumo.

Sin embargo, las interconexiones no son baratas. En el caso del proyecto submarino por el Golfo de Vizcaya, su coste es similar por ejemplo al que hubiera tenido la construcción de una central de ciclo combinado de gas de misma potencia. Y no hay que olvidar que la financiación aprobada por la UE es un crédito que deberá ser pagado por los consumidores españoles y franceses en las próximas décadas. Por ello, es clave asegurar la captura de los beneficios de las inversiones en interconexiones, y ello va a requerir avanzar en dos asuntos clave.

En primer lugar, es necesario lograr la armonización de las cargas e impuestos a la producción de electricidad entre España y el resto de Europa. En efecto, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión Europea durante años para que los costes de acceso al sistema eléctrico fueran los mismos para todas las centrales, en España existen impuestos a la generación eléctrica que no se dan en el resto de Europa y que incrementan el precio del mercado en aproximadamente un 15%. Si estas cargas persisten en un entorno de mayor interconexión, se agravará el efecto ya existente de mayor competitividad artificial de la energía procedente de Europa, lo que nos llevará a importar energía en momentos en que los que deberíamos exportarla de acuerdo a los costes reales de producción.

En segundo lugar, el efecto beneficioso sobre la seguridad de suministro de las interconexiones no se dará si no se refuerzan las reglas que aseguran que en caso de no poder cubrirse la demanda en un país éste pueda recurrir a las centrales disponibles al otro lado de la frontera, sin que el país vecino pueda bloquearlo injustificadamente. La falta de unas reglas creíbles en este sentido está llevando a que los gobiernos busquen la seguridad de suministro contando sólo con los recursos instalados en su territorio, dando por ejemplo incentivos a centrales antiguas para que permanezcan abiertas. El  paquete de invierno propuesto por el comisario Miguel Arias Cañete en noviembre 2016 va precisamente en la dirección de que los países puedan y deban contar con las centrales de países contiguos para su seguridad de suministro. También será necesario profundizar en unas reglas comunes para el desarrrollo de los mecanismos de capacidad que incentivan las nuevas inversiones, sin que se creen distorsiones en el funcionamiento de los mercados en los diferentes horizontes temporales.

Resolver estos aspectos es importante ya que España está aún estamos lejos de los niveles de interconexión recomendados por la UE. En efecto, más allá del objetivo establecido hasta ahora de llegar a un nivel de interconexión del 10% de la potencia instalada en todos los países, la Comisión Europea recomienda en una reciente comunicación al Parlamento y al Consejo tres criterios más ambiciosos: alcanzar al menos el 15% de la potencia total instalada, el 30% de la demanda máxima del país y el 30% de la potencia renovable. Una vez ejecutado el proyecto del Golfo de Vizcaya, España estaría respectivamente en un 8%, un 16% y un 13% en estos criterios, por lo que aún quedará mucho camino que recorrer.

Eliminar las distorsiones al mercado eléctrico en España y reforzar las reglas del mercado europeo de la energía van a ser por tanto prioridades clave a futuro si queremos lograr que la Península Ibérica deje de ser una isla energética y que sus habitantes puedan disfrutar plenamente de las ventajas de un sistema eléctrico plenamente integrado en Europa: mayor seguridad de suministro, más energía renovable y menores precios de la electricidad.

 

Autor: Alberto Martín Rivals es socio responsable de Energía de KPMG en España

Fuente: ABC. Publicado el 17 de febrero de 2018

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