Mientras el mundo tiene la mirada fija en Belém, Brasil, donde se celebra la COP30, el foco de esta cumbre se centra inevitablemente en la financiación. Porque la acción climática no puede ser solo una iniciativa pública o filantrópica, necesita la escala, la eficiencia y el impulso del sector privado. Sin embargo, existe una brecha crítica sobre la que ya se hizo un llamamiento en la edición pasada de la COP, celebrada en Bakú. Allí se alcanzaron acuerdos clave para movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiación climática hasta 2035 (en lo que se conoce como “hoja de ruta de Baku a Belem”), con un fuerte énfasis en apoyar a los países más vulnerables.
Aquella hoja de ruta fue presentada como un punto de inflexión, pero la realidad es que, sin mecanismos claros de ejecución y sin la participación del sector privado, esos compromisos corren el riesgo de convertirse en promesas incumplidas. El reciente informe del Foro Económico Mundial, ‘Del Riesgo a la Recompensa: Desbloqueando Capital Privado para el Clima y el Crecimiento’, elaborado por el Foro Económico Mundial y KPMG, parece querer recordarnos precisamente eso: que la financiación pública no basta y que la narrativa debe girar hacia la oportunidad de inversión.
El desafío más grande reside en las Economías de Mercado Emergentes y Países en Desarrollo (EMDEs), que son las más vulnerables al cambio climático, pero también las que poseen un mayor potencial para un crecimiento verde transformador. Y es que, según el informe, los EMDEs necesitan 2,4 billones de dólares anuales hasta 2030, de los cuales 1 billón debería provenir de fuentes privadas.
Sin embargo, la financiación privada internacional hacia estos países apenas alcanzaba los 36 mil millones en 2023, lo que implica que debe multiplicarse por 28 para cumplir los objetivos climáticos.
Entonces, si el potencial es tan grande, ¿por qué el capital no fluye libremente? Esta brecha de inversión responde a la percepción de riesgo elevado en estos mercados: incertidumbre política, marcos regulatorios inestables y ausencia de datos fiables. Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, lo cierto es que las oportunidades son enormes, desde energías renovables hasta infraestructuras resilientes y soluciones basadas en la naturaleza.
El informe propone que las empresas, los inversores y los bancos de desarrollo (MDBs) enfoquen su esfuerzo en seis áreas estratégicas para transformar estos riesgos en oportunidades tangibles.
El foco debe pasar de la intención al diseño. Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDBs) y los donantes deben priorizar la asistencia técnica para estructurar proyectos con modelos de negocio claros, lo que reduce el tiempo de desarrollo y la incertidumbre para los inversores privados.
Se requiere una estandarización global de datos climáticos y la creación de plataformas nacionales que ofrezcan información fiable sobre el rendimiento de las inversiones, reduciendo así la percepción de riesgo por falta de conocimiento.
Una forma clave de mitigar el riesgo es atraer a los inversores institucionales locales (fondos de pensiones, aseguradoras). Esto se logra mediante garantías de crédito e instrumentos financieros que son más atractivos y estables para el mercado doméstico.
La Financiación Mixta (Blended Finance) —que combina fondos públicos y privados— debe volverse escalable. Esto implica estandarizar la provisión de capital de primera pérdida y seguros climáticos que protejan la inversión privada contra los riesgos iniciales más altos.
Los gobiernos deben traducir sus compromisos climáticos nacionales (NDCs) en hojas de ruta de inversión claras y estables a largo plazo. La predictibilidad regulatoria es el ancla que el capital privado necesita para comprometerse con grandes proyectos de infraestructura.
El capital riesgo, especialmente a través de vehículos de plataforma, es vital para las primeras etapas de los proyectos y para la creación de mercados enteros (por ejemplo, el hidrógeno verde o la captura de carbono). Esto permite la agregación de activos que pueden ser escalables en el futuro.
Estas prioridades se traducen en 16 pasos prácticos, que incluyen la creación de centros regionales de financiación climática, la expansión de vehículos de financiación mixta y el impulso de mercados de carbono bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París.
Lo que este informe deja claro es que la conversación sobre financiación climática ya no puede limitarse a compromisos políticos o declaraciones solemnes en las cumbres. Los gobiernos deben dar señales claras y reducir barreras regulatorias; los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras de desarrollo deben asumir un papel más audaz como catalizadores; y los inversores privados tienen que dejar de ver el clima como un riesgo lejano y empezar a reconocerlo como una oportunidad tangible de crecimiento.
En este sentido, debemos adoptar un cambio en la narrativa: dejar de ver la financiación climática como un coste y empezar a entenderla como una inversión estratégica para el crecimiento sostenible. En el contexto de la COP30 y de las sensaciones que quedaron tras los acuerdos de Bakú, el mensaje es contundente: convertir el riesgo climático en oportunidad de inversión es la única vía para cumplir los objetivos globales. La pregunta que queda en el aire es si la comunidad internacional está dispuesta a pasar de las promesas a la acción real.
Cabría esperar que las negociaciones giren en torno a la implementación concreta de los compromisos financieros: cómo se distribuirán los fondos, qué mecanismos de transparencia se aplicarán y qué papel jugarán los países desarrollados en garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los más vulnerables. Será un día decisivo para comprobar si la comunidad internacional está dispuesta a pasar de las promesas a la acción real, y si la narrativa de oportunidad que plantea el informe se traduce en acuerdos tangibles que marquen un antes y un después en la financiación climática global.
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