Cada vez más habitual que las organizaciones se preocupen por el impacto medioambiental de sus actividades y que impulsen iniciativas en el ámbito del ESG, vinculadas con la cultura de Compliance de respeto al medio ambiente.
Más allá de la preocupación por la flora y la fauna de la que ya hablé en el post anterior, los ilícitos medioambientales también atentan contra los recursos naturales no renovables, que son aquellos de los que existen cantidades limitadas y que precisan largos periodos para regenerarse. Por lo tanto, con una mala gestión puedan llegar a agotarse. Son ejemplos habituales el petróleo, el gas natural, los minerales o la madera.
Por este motivo, muchos ordenamientos jurídicos castigan su explotación irresponsable o su acceso ilegítimo, incluso desde el ámbito penal. Pero, además, en ocasiones, el control y explotación de estos recursos naturales se encuentra vinculado a grupos criminales o terroristas, siendo considerada una fuente más de financiación de sus actividades ilícitas, por lo que se vincula a otras actividades criminales.
Para profundizar en el conocimiento de esta cuestión, pueden resultar de utilidad los índices e informes internacionales que tratan esta problemática. Como, por ejemplo, el Atlas Mundial de Flujos Ilícitos, elaborado por el Centro Noruego para los análisis globales, la Interpol, y la organización Global Initiative Against Transational Organized Crime. Este índice señala las principales rutas vinculadas con el tráfico de seres humanos, las drogas y la explotación ilegal de recursos no renovables, identificando al petróleo, el carbón vegetal y la minería ilegal como las prácticas más lucrativas y peligrosas.
Ahondando en esta problemática, señala el interés de organizaciones criminales en mantener su dominio sobre los estos recursos naturales y sus rutas de comercialización, como su principal fuente de financiación. La extorsión y la imposición de tasas ilegales sobre estos recursos constituyen prácticas habituales para ello.
Existen otros informes, como el Índice Global de Crimen Organizado, que ya he mencionado en otras ocasiones, que también trata estas cuestiones. Destacando que la menor incidencia de este tipo de delitos está muy vinculada al rol esencial que juegan los Estados sobre el monopolio de estos recursos naturales y de la infraestructura necesaria para su extracción y procesamiento.
Finalmente, el Índice Global de la Impunidad, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, también abarca este tema, señalando el ámbito de impunidad que existe sobre este problema. Apunta la importancia de mejorar el registro estadístico sobre este tipo de delitos y la necesidad de crear mecanismos efectivos para proteger a activistas, defensores ambientales y líderes comunitarios que se enfrentan a amenazas por su lucha por la protección de los recursos naturales.
Cualquier organización comprometida con el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad debería prestar también atención a este tipo de conductas ilícitas, incluso cuando sean inducidas por socios de negocio. Obviamente, ocasionan no solo importantes daños reputacionales, sino también la pérdida de credibilidad y confianza por no poder cumplir con los compromisos adquiridos sobre prevención y respeto al medio ambiente, según sus códigos éticos y las políticas de sostenibilidad. Cobrarán por lo tanto mucha relevancia los procesos de diligencia debida sobre estas cuestiones.
En el octavo vídeo de esta serie sobre Compliance y criminalidad internacional, abordo algunos de índices e informes que tratan esta cuestión, comentando su utilidad a efectos de gestionar las medidas de protección y diligencia debida en el marco de los modelos de Compliance.
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