El despliegue masivo de energías renovables planteado en el marco de la actual transición energética pasa por el desarrollo de instalaciones de almacenamiento energético eléctrico. En esta línea de actuación, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha lanzado la primera convocatoria nacional de ayudas públicas para proyectos innovadores de almacenamiento energético.
Se trata de un programa de subvenciones a fondo perdido, en régimen de concurrencia competitiva (es decir, mediante evaluación comparativa de proyectos, no por orden de suscripción de la solicitud), orientado a impulsar nuevas soluciones de almacenamiento que aporten mayor flexibilidad al sistema eléctrico y faciliten la integración de las energías renovables. Este plan, cofinanciado con fondos europeos de desarrollo regional (FEDER), pretende ser una pieza clave de la estrategia de transición energética de España, contribuyendo a la estabilidad de la red y a la descarbonización del sector energético.
El perfil de beneficiarios para estas ayudas son personas jurídicas, tanto públicas como privadas, legalmente constituidas y con domicilio fiscal en España.
En este programa será posible la cofinanciación de las siguientes tipologías de proyectos:
La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria inicial de casi 700 millones de euros, cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea, los cuales son repartidos entre las distintas comunidades autónomas atendiendo a criterios regionales y tecnológicos. Adicionalmente, en caso de que la convocatoria se convierta un éxito en cuanto proyecto de calidad presentados, se ha previsto una posible ampliación de este presupuesto de hasta un 20% sobre la dotación total (unos 140 millones de euros extra).
La intensidad de ayuda máxima, es decir, el porcentaje del coste del proyecto que podrá cubrir la subvención variará según la región donde se ubique este. Así, en las regiones “más desarrolladas” (por ejemplo, Madrid, Cataluña, País Vasco, Aragón o Navarra) la ayuda podrá financiar como máximo un 40% de los costes elegibles. Sin embargo, las regiones “en transición” (como Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana o Galicia) tendrán intensidades máximas en torno al 60%. Finalmente, las regiones “menos desarrolladas” (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla) podrán recibir hasta un 85% de cofinanciación. Cabe señalar que en algunos territorios insulares y alejados (como por ejemplo, las Islas Canarias) se aplicarán porcentajes equiparables al 85%, reconociendo sus especiales condiciones.
El límite de ayuda por entidad beneficiaria será del 20% del presupuesto total del programa, lo que equivale a aproximadamente 140 millones de euros como tope absoluto que una misma empresa o grupo podría captar si presenta varios proyectos beneficiarios. A su vez, se establece un límite de ayuda por proyecto individual: en el caso de proyectos de almacenamiento mediante bombeo hidroeléctrico, no podrán recibir más del 10% del presupuesto total (unos 69,9 millones €), siendo este límite para el resto de tipologías de proyectos un 5% (unos 34,95 millones €).
Las ayudas financiarán, fundamentalmente, gastos de inversión asociados al desarrollo e implantación de las instalaciones de almacenamiento. En términos generales, se consideran costes elegibles aquellos incurridos después del 9 de marzo de 2023 (es decir, gastos realizados a partir de la preparación más reciente de esta convocatoria) y que se encuadren en las categorías autorizadas.
El plazo para presentar solicitudes ya está abierto. Las empresas interesadas pueden solicitar la ayuda desde el 1 de junio de 2025 hasta las 14:00 horas del 15 de julio de 2025.
Una vez concedidas las ayudas y formalizados los convenios correspondientes, los beneficiarios dispondrán de un máximo de 36 meses (3 años) para ejecutar los proyectos, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable de la ayuda. En cualquier caso, hay un límite final absoluto: ningún proyecto podrá extender su ejecución más allá del 30 de septiembre de 2029. Esta fecha tope obedece a los plazos marcados por los fondos FEDER 2021-2027 (que permiten ejecuciones hasta 2029).
Para concurrir a la convocatoria será obligatorio constituir una garantía de participación del 2% de la ayuda solicitada a favor del IDAE y presentar el resguardo de constitución de la Caja General de Depósitos en el momento de presentar la solicitud de la ayuda.Por otro lado, el programa ofrece la posibilidad de solicitar pagos anticipados de la subvención concedida. En este caso, los beneficiarios podrán pedir un anticipo de hasta el 100% del importe de la ayuda concedida –teniendo que constituir una garantía de la Caja General de Depósitos a favor del IDEA, presentando el debido resguardo, que respalde el importe adelantado más los intereses legales correspondientes hasta la finalización del proyecto–.
Dado que se trata de una convocatoria bajo concurrencia competitiva, todas las solicitudes admitidas pasarán por un proceso de evaluación técnica y económica.
El IDAE ha establecido unos criterios de valoración objetivos con puntuaciones máximas, sobre un total posible de 100 puntos, que constituirán la base de puntuación que determinará la selección final de proyectos adjudicatarios.El criterio con mayor peso en la puntuación final es el económico, que valora la reducción voluntaria de la ayuda solicitada respecto a la máxima posible. Este criterio permite obtener hasta 70 puntos del total.
El segundo criterio es la viabilidad administrativa, con hasta 10 puntos entre los 100 posibles. En este caso se evalúa el grado de desarrollo y preparación del proyecto en términos de permisos y trámites. En este sentido, cuanto más avanzado se encuentre el permitting de las instalaciones objeto de las solicitudes, mayor será la puntuación obtenida por estas.
El tercer criterio engloba los beneficios socioeconómicos y externalidades positivas que aportaría el proyecto al entorno donde está planificado su desarrollo, con hasta 17 puntos sobre los 100 posibles. Se considerará positivamente que la instalación se ubique en municipios de reto demográfico o en municipios de transición. Así mismo, se obtendrá una mayor puntuación en el caso de que se demuestre que el proyecto promueva la igualdad de género (por ejemplo, planes de igualdad en la empresa, formación y empleo femenino en el sector energético, etc.).
Otro factor importante bajo este criterio es la contribución a la cadena de valor industrial y la resiliencia: se evaluará la participación de la industria nacional en el desarrollo de la tecnología de almacenamiento, así como la aportación del proyecto a la seguridad de suministro del sistema eléctrico. Este punto resulta crítico al ser necesario puntuar como mínimo con 3 puntos para ser considerado beneficiario. Asimismo, se valora con este criterio la medida en que el proyecto apoya la integración de energías renovables en la red, reduciendo vertidos de energía limpia y mejorando la gestión de la demanda.
Por último, se asignarán hasta 3 puntos por el grado de innovación y carácter demostrativo que pueda demostrar el proyecto.
En conclusión, esta primera convocatoria nacional de ayudas al almacenamiento energético representa un importante incentivo para el desarrollo de instalaciones que permitan acercar el sistema eléctrico español a los objetivos a alcanzar dentro del marco de la transición energética.
Con cerca de 700 millones de euros de presupuesto, el programa aspira a desplegar proyectos de almacenamiento que faciliten la transición hacia un modelo energético más sostenible, fiable y limpio, y que permitan incrementar la calidad y seguridad de suministro en el sistema.
Empresas, ingenierías y administraciones tienen hasta mediados de julio para presentar sus mejores iniciativas. Los proyectos seleccionados marcarán el camino en un campo (el del almacenamiento de energía) llamado a ser protagonista del futuro energético, al permitir aprovechar al máximo las energías renovables y dotar de flexibilidad y seguridad al sistema eléctrico de nuestro país.
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