El ejercicio 2025 confirma algo que muchos ya intuíamos: el régimen de precios de transferencia vive una transición profunda, acelerada tanto por la presión regulatoria como por la transformación tecnológica. Multinacionales de todos los sectores están ajustando sus políticas internas en un entorno en el que confluyen aranceles imprevistos, tipos de interés aún elevados, reorganizaciones operativas y la irrupción masiva de la inteligencia artificial. La cuestión es simple: o los grupos alinean sus modelos de negocio, datos y políticas de precios de transferencia, o la controversia se volverá un riesgo estructural.
España no queda al margen. El avance de la Administración Tributaria en análisis de datos, la creciente interacción con estándares OCDE y las actuaciones coordinadas con otras jurisdicciones elevan el listón de coherencia y evidencia documental exigida a los contribuyentes. A esto se suma un tejido empresarial que, tras años de transformación digital, empieza a generar activos intangibles crecientemente valiosos, especialmente ligados a IA y datos, con efectos directos en DEMPE (análisis funcional relativo al desarrollo y uso de activos intangibles), valoración y sobre la asignación de beneficios dentro de las cadenas de valor.
Los cambios recientes en múltiples jurisdicciones —desde las nuevas reglas brasileñas hasta la casuística creciente en Oriente Medio, México o Alemania— no son fenómenos aislados. Marcan una deriva clara: mayor granularidad normativa, más énfasis en DEMPE y un escrutinio cada vez más intenso respecto de la financiación intragrupo. Para grupos con filiales españolas, esto se traduce en tres exigencias inmediatas.
Primero, asegurar alineación entre política global y ejecución local. La AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) está revisando con más detalle la coherencia entre acuerdos intragrupo, contabilidad, facturación y flujos de negocio reales.
Segundo, reforzar documentación de funciones reales. En España, la prueba sobre quién crea valor —y en qué medida— se ha vuelto más fina en empresas prestadores de servicios, centros de soporte, funciones comerciales regionales o equipos involucrados en desarrollo tecnológico. Pasaría algo similar respecto de la prestación de servicios interco. Sin un análisis funcional detallado, las posiciones en inspección se debilitan.
Tercero, anticipar interacciones entre ajustes de precios de transferencia y aranceles. La tendencia global demuestra que los ajustes de fin de ejercicio pueden generar devoluciones arancelarias o, por el contrario, costes adicionales si no se gestionan a tiempo. Adicionalmente, en muchas jurisdicciones los ajustes en materia de precios de transferencia implican ciertas obligaciones formales administrativas y, por lo tanto, es necesario anticipar la realización de ajustes para que no originen doble imposición por imposibilidad de cumplir las obligaciones administrativas
El incremento de la controversia es un patrón internacional y España no es excepción. Dos áreas destacan además de los sospechosos habituales como los servicios intragrupo o la remuneración para actividades de “riesgo limitado”.
La gran novedad de 2025 es el impacto real de la IA generativa en la operativa de precios de transferencia. La tecnología ya no es un accesorio; es un componente central de cumplimiento y planificación.
Tres tendencias relevantes observadas:
Los próximos años no serán sencillos, pero ofrecerán margen para quienes consigan convertir los precios de transferencia en un “socio estratégico” del negocio. La clave será combinar tres ejes: políticas adaptadas a la evolución del modelo empresarial; integración real con tecnologías basadas en datos e IA; y vigilancia continua del entorno regulatorio.
La complejidad no desaparecerá, pero puede gestionarse si la función fiscal se reposiciona como elemento central de gobierno corporativo. Quien construya ese marco con anticipación estará en disposición de gestionar mejor el riesgo y dispondrá de una narrativa mucho más defendible ante cualquier administración. En este escenario, contar con un asesor que combine visión regulatoria global, amplia experiencia en controversia y capacidad tecnológica es diferencial: desde KPMG ayudamos a diseñar políticas robustas, optimizar procesos con datos y anticipar riesgos para que la función de precios de transferencia gane control, eficiencia y capacidad de respuesta.
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