Es cada vez más habitual que las organizaciones se preocupen por el impacto medioambiental de sus actividades. Forma parte de los criterios ESG, que se refieren a factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, vinculados con la cultura de Compliance, y que se tienen cada vez más en cuenta a la hora de invertir en una empresa.
Esta protección también ha sido recogida por los legisladores en diversos países, fijando sanciones, incluso penales, para aquellos que atenten contra la biodiversidad, los sistemas naturales o la flora y fauna silvestres.
Uno de los ataques al medio ambiente más lucrativos es el tráfico ilegal de especies de flora y fauna. De hecho, algunos índices e informes sobre criminalidad internacional ponen el foco en el comercio ilegal de especies protegidas como uno de los ámbitos que mayores beneficios generan para los grupos criminales.
En este sentido, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (también llamada UNOC por sus siglas en inglés) emite de manera regular el Informe Mundial sobre Crímenes contra la vida silvestre y los bosques, que explora las tendencias, daños y otros factores que marcan el tráfico ilegal de especies protegidas. También evalúa la eficacia de las intervenciones para combatir el comercio ilícito y proporciona recomendaciones de políticas en la materia.
En su última versión de mayo de 2024, este organismo ya ponía de relieve que, a pesar de la disminución del comercio relacionado con especies emblemáticas, como el elefante o los rinocerontes, los esfuerzos internacionales son insuficientes para luchar contra esta lacra, por lo que el tráfico de animales silvestres apenas se ha reducido en casi dos décadas.
Y es que como señala este informe, el comercio ilegal de estas especies no sólo altera los ecosistemas donde habitan, sino que su desaparición o deslocalización también repercute en el cambio climático. De la misma manera, produce consecuencias económicas no solo en relación con el uso legítimo que pueden hacer las comunidades locales, como fuente de empleo, alimentación sostenible o medicinas.
El tráfico ilegal también se vincula con otros delitos, como la corrupción o el blanqueo de capitales, especialmente en relación con los grupos criminales. Según dicho informe, las organizaciones dedicadas a estas prácticas aprovechan las incoherencias y deficiencias en las regulaciones locales y su falta de aplicación efectiva en algunos casos, para adaptar sus métodos y rutas constantemente y evadir así posibles sanciones, mediante sobornos a las autoridades. Este informe argumenta que una manera de desincentivar estas prácticas y castigarlas más eficazmente sería perseguir a los traficantes a través de las leyes anticorrupción, que ofrecen mayores facultades de investigación y sanciones más graves que las previstas en la legislación ambiental.
Existen otros informes, como el Índice Global de Crimen Organizado, que ya he mencionado en otras ocasiones, que también trata estas cuestiones. En este documento se destacan las zonas de Asia, África y el Amazonas como principales mercados de origen de las piezas.
Las organizaciones se pueden ver expuestas a estos riesgos, aunque no desarrollen actividades directamente vinculadas con el comercio de animales o plantas. No sólo en la esfera industrial, sino también en el transporte o incluso en actividades aparentemente inocuas, como el cultivo o la selección de semillas pueden verse afectadas por este tipo de situaciones. Los procedimientos de diligencia debida adquieren una importancia relevante, como factor clave del modelo de Compliance.
En el séptimo vídeo de esta serie sobre Compliance y criminalidad internacional, abordo algunos de índices e informes que tratan esta cuestión, comentando su utilidad a efectos de gestionar las medidas de protección y diligencia debida en el marco de los modelos de Compliance.
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