La reestructuración definitiva del sector financiero español

La reestructuración definitiva del sector financiero español

El futuro inminente del sistema financiero está marcado por dos conceptos: saneamiento y fusiones. El cambio de Gobierno tras las elecciones del pasado 20 de noviembre tuvo visos de generar, desde el primer momento un notable terremoto en el panorama bancario. La filosofía la dibujó el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura.

Puso el dedo en la llaga de lo que era un clamor, sobre todo fuera de España: “Mientras que el resto de los países han emprendido hace años esquemas de saneamiento de los activos tóxicos y adecuación de la valoración de los activos bancarios, en España todavía pesan serias incertidumbres sobre los balances”. El objetivo del nuevo Gobierno era conseguir que el crédito vuelva a fluir y eso no sería posible, según la tesis expresada por Rajoy, “sin el saneamiento y posterior reestructuración de nuestro sistema financiero”. ¿Qué hay que hacer para sanear? El Gobierno quería que los bancos vendieran los activos inmobiliarios que tienen en su poder y que hicieran una valoración “muy prudente” de los activos que no pueden vender, básicamente solares y promociones en marcha.

En esos cajones la banca española tenía, a 30 de junio pasado, más de 73.000 millones de euros. Pero, además, hay otros 75.000 millones de euros en activos morosos ligados al mundo del ladrillo. Al incluirse también los créditos que aún están al día pero que tienen un alto riesgo de impago, la factura se eleva, según las cifras del Banco de España, a 176.000 millones de euros.

Ahí estaba el problema que tocaba resolver y el Gobierno tenía la determinación de hacerlo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró a mediados de febrero el saneamiento pendiente de hacer en 52.000 millones de euros.

El Gobierno aprobó su reforma financiera a través del Real Decreto-Ley 2/2012 que acaba de convalidarse con una amplia mayoría en las Cortes Generales.

El Real Decreto-Ley establece nuevas provisiones (genérica y específica) y un requerimiento adicional de capital con el objetivo de posibilitar un saneamiento ambicioso de los balances bancarios, incentivando su venta a precios todavía más bajos que los actuales.

Se unen así dos aspectos igualmente interesantes, y desde luego complementarios de la reforma: el saneamiento y la reestructuración de las entidades de crédito y el efecto movilizar de los activos inmobiliarios que se hallan en sus balances.

Todo ello con el objetivo de fomentar las integraciones entre las entidades de crédito, provocar su reestructuración y facilitar un aumento en los niveles de concesión de créditos a familias y empresas.

El socio responsable del sector financiero de KPMG, Francisco Uría, señala que estas medidas “tienden a promover la aceleración en el proceso de reestructuración” de la banca. “Todo en el Real Decreto-ley apunta a un rápido movimiento de consolidación en el sector. Los plazos establecidos, que pueden parecer muy ambiciosos en el caso de procesos jurídicos tan complejos como las fusiones bancarias, tienen la clara finalidad de transmitir a los mercados internacionales el claro mensaje de que la reestructuración del sistema bancario español está cerca de su culminación, despejando así las incertidumbres que dificultan nuestro acceso a la financiación en los mercados mayoristas”. “El objetivo final de la reestructuración del sector financiero es el de contar con entidades de mayor tamaño, capaces de competir en un entorno global, y que cumplan con los más elevados estándares internacionales en los ámbito de capital, liquidez y endeudamiento”, añade Uría.

El socio responsable del sector financiero de KPMG sostiene que el efecto de la reestructuración sobre las cuentas públicas “debería reducirse al máximo”. Su tesis coincide con la que, hasta ahora, ha expresado el Gobierno, aunque matiza que “los esquemas de protección a los adquirentes de entidades en dificultades serán, seguramente, inevitables”. El modelo de reestructuración por el que finalmente ha optado el Gobierno se aparta de otros modelos internacionales, como ya había anunciado en su primera entrevista tras ser investido presidente, Mariano Rajoy al descartar la creación de un banco malo, una idea que se barajó inicialmente para contribuir al saneamiento de los balances de las entidades.

A partir de la publicación del Real Decreto- Ley, las entidades han ido haciendo público el modo en el que piensan cumplir con los nuevos requerimientos, Más allá de estas declaraciones públicas, lo cierto es que los rumores de fusiones se han disparado y que se aprecia una clara reactivación de los procesos de desinversión de los activos inmobiliarios que existen en los balances bancarios. Al margen del proceso abierto por el Real Decreto-Ley, el FROB prosigue con sus planes anteriores: la venta en un proceso concurrencial de sus acciones de UNIMM y el Banco de Valencia, Más tarde, el 30 de septiembre, concluirá el plazo concedido a NOVACAIXAGALICIA y CATALUÑA CAIXA para recomprar las acciones de sus bancos en manos del FROB o solicitar su venta a un tercero.

La suma de ambos procesos en curso; el originado por el Real Decreto-Ley 2/2011, de recapitalización de las entidades de crédito, y el reciente Real Decreto-Ley 2/2012, orientado al saneamiento y la reestructuración, será una consolidación sin precedentes en el sector financiero español. En todo caso, España camina a un universo bancario con menos jugadores. El acierto estará en si realmente quedan los mejores o si permanecen entidades zombis, como ha ocurrido en la primera fase de la reestructuración financiera.

“La aplicación del Real Decreto-ley 2/2012 no debería contribuir a la continuidad de entidades no viables a medio plazo. En este sentido, sería esencial que se preservasen las condiciones de igualdad competitiva entre entidades, aplicando de forma estricta las normas europeas sobre ayudas de Estado para la reestructuración del sector financiero”, argumenta Francisco Uría.

El hecho de que las cajas de ahorros se hayan transformado de forma casi total en bancos facilita en gran medida que las operaciones que se pongan en marcha tengan un mayor sentido en términos de eficiencia económica. En las fusiones de 2010, los criterios políticos primaron en muchos casos sobre los económicos, lo que ha generado un perjuicio para el contribuyente, que prestó dinero a entidades que, en algunos casos, se han mostrado inviables.

Francisco Uría destaca que “las reformas sucesivamente realizadas, y culminadas ahora con la última reforma financiera aprobada por el Gobierno, han provocado una transformación del sistema bancario español que no admite comparaciones, por su ambición, con la de ningún otro mercado europeo. Al margen del relevante proceso de consolidación, que tendrá continuidad en los próximos meses, la transformación de las cajas en bancos y el hecho de que algunas de los mayores grupos hayan optado por convertirse en sociedades cotizadas, sitúa a esta nueva reforma en una posición inmejorable para lograr sus objetivos a corto plazo”.

En todo caso, debería evitarse el riesgo moral, es decir, que los culpables de generar los mayores quebrantos en algunas entidades puedan seguir al frente de las mismas, como ha sucedido en ciertos casos hasta el momento.

El modo en que se ha solventado la situación de las entidades intervenidas hasta ahora ha sido este. Una entidad sana, CajAstur, BBK y el Sabadell, se ha quedado con una inviable: CCM, CajaSur y CAM, respectivamente. Y para hacer la digestión se facilitaron diferentes esquemas de protección de activos, que protegen a la entidad que acudía al rescate. El de CCM se pagó con el fondo de garantía de las cajas. El de CajaSur con ayudas públicas del Frob. Y el de la CAM con el fondo de garantía de la banca, que fusionó el Frob con los fondos aportados durante años por el sector.

La solución que dé a estos problemas estará condicionada totalmente por el saneamiento impuesto por el Gobierno. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, deberá plegarse a los planteamientos del Ejecutivo, como ya ocurrió en el proceso de recapitalización de 2011, que se ha demostrado insuficiente.
Al margen de la consolidación, las entidades tienen por delante diversas tareas de gran importancia para su futuro: revisar sus modelos y estructuras de capital, preparar su adaptación definitiva a la nueva regulación de Basilea III, desarrollar ambiciosos programas de desinversión en activos non core, etc.

La repercusión de las decisiones no se circunscribe al sistema financiero, sino que hay implicaciones muy diversas. Por un lado, en el riesgo soberano español. Una de las penalizaciones que existen sobre la deuda pública proviene de las dudas que existen sobre el efecto potencial de la reestructuración y saneamiento del sector financiero sobre las arcas del Estado. Si el Gobierno consigue que la reestructuración no tenga impacto, como ha anunciado, el diferencial respecto al bono alemán debería reducirse. En segundo lugar, el contar con entidades financieras “suficientemente sólidas”, como persigue Rajoy, debe permitir el que la canalización del crédito sea mucho más fluida.

Y, en tercer término, está el impacto sobre el propio sector inmobiliario. El tratamiento de los activos en poder de la banca “debería tratar de compatibilizarse con una política de recuperación de un sector clave para la economía española como es el sector inmobiliario y con la política de vivienda”, apunta el socio director del sector financiero de KPMG, Francisco Uría. De hecho, el Real Decreto-Ley que acaba de aprobarse apunta claramente en esa dirección.

Aunque en los últimos años se haya denostado hasta la extenuación el sector del ladrillo, la mayor parte de los economistas coinciden en que España lo necesita para salir de la crisis, pues es de los pocos segmentos de la economía con capacidad para absorber de forma relevante a personas con baja cualificación. El Gobierno ya ha adoptado algunas decisiones de estímulo, como mantener el IVA superreducido del 4% para la adquisición de viviendas o recuperar para todos los contribuyentes la deducción fiscal por compra de piso.

Pero el el saneamiento del sector financiero puede contribuir a la reactivación del sector inmobiliario. Al imponer nuevas provisiones y requerimientos de capital sobre los activos inmobiliarios, se está provocando una disminución del precio implícito de esos activos lo que incentivará su venta por parte de las entidades a un precio inferior al que habían tenido hasta ahora. Ese efecto será más evidente en aquellos activos sometidos a un régimen más exigente de provisiones, como sucede con el suelo y las promociones no terminadas. Por otra parte, obligar a más saneamientos de los inmuebles ya listos para ser ocupados facilitará descuentos más agresivos y permitirá que más familias puedan optar a ellos. De esta manera, el stock de viviendas desaparece y el suelo recupera valor al ser necesario para la promoción de nuevas construcciones. Una vez que el Gobierno ha aprobado su reforma, las entidades deberán tomar sus decisiones individuales; apostar por la continuidad en solitario, optar por estrategias de recapitalización o participar en procesos de integración.

No todo será fácil ni agradable, Si al saneamiento le siguen las fusiones, estas tienen un coste en términos de reducción de la capacidad instalada. Sobrarán entidades, con ellas oficinas y con ellas empleados, tanto de las sucursales como de los servicios centrales.

Alguna entidad ya ha cifrado el excedente en unas 15.000 oficinas y cerca de 50.000 empleados. Si las salidas de empleados se hicieran como en el pasado, vía prejubilaciones, el coste de este ajuste puede superar los 16.000 millones de euros. ¿Hay dinero para afrontarlas? Otra opción es que la banca recurra, como el resto de los sectores, a los expedientes de regulación de empleo, lo que abarata el ajuste en perjuicio de los empleados, especialmente tras la reforma laboral que acaba de ser igualmente aprobada por el Gobierno. Aunque estos costes afectarán a las entidades a corto plazo, no cabe duda de que las sinergias obtenidas y la reducción de los costes operativos terminará provocando ganancias relevantes de eficiencia, lo que será muy positivo para la rentabilidad y solvencia de las entidades. En conclusión, la crisis deja en evidencia algunas ideas. Por un lado, que no todas las entidades incurrieron en los mismos riesgos. Unas fueron más agresivas que otras y les toca pagar las consecuencias. Y, por otro, que la diversificación de los negocios es una fuente de estabilidad, sobre todo en términos geográficos.

Si Santander y BBVA han evidenciado más resistencia que cualquier otro competidor a la crisis no es tanto por sus negocios en España, donde tienen situaciones comparables a las de otras entidades cuyo comportamiento en algunos casos también ha sido positivo, como por la manera en que sus filiales en el extranjero han compensado los problemas de nuestro país.

Si ambas entidades han podido expandirse por el mundo fue gracias al tamaño que adquirieron con las fusiones pasadas, en particular con la del Santander y el Central Hispano y la del BBV con Argentaria, ambas en 1999.

Una lección a aprender de esta crisis es que permita el nacimiento de entidades con capacidad para crecer en el exterior. No porque fuera de España no haya o pueda haber problemas (como ya se vio con la crisis de Latinoamérica de principios de los 2000), sino por la capacidad para que la buena marcha de unos negocios, como entonces ocurría en España, compense los problemas en otros territorios.

En este sentido, Francisco Uría incide en que “una vez completada la reestructuración del sector financiero, sería el momento oportuno de apostar por su internacionalización, apoyándola en la medida de lo posible, siempre con respeto a las normas europeas de ayudas de Estado”.

Habrá que esperar unos años para ver si el Gobierno y el sector financiero han acertado en la solución a los actuales problemas. De momento, los primeros pasos adoptados son muy prometedores.

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